Nueve estados demandan a Trump por presunto pago para cancelar proyectos eólicos

Nueve estados de EE.UU. han presentado una demanda judicial contra el expresidente Donald Trump por presuntamente pagar a empresas para que cancelaran proyectos de energía eólica en desarrollo. La acción legal, presentada en tribunales federales, sostiene que dichos pagos constituyen una interferencia ilegal en políticas estatales de energía limpia y violan leyes antimonopolio y de competencia desleal.

Según la denuncia, los pagos se realizaron entre 2020 y 2021, durante el último año de la administración Trump, y estuvieron dirigidos a detener la construcción de parques eólicos en zonas costeras y rurales de los estados demandantes. Los estados involucrados incluyen Nueva York, California, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Maryland, Connecticut, Rhode Island y Vermont, todos con metas ambiciosas de descarbonización para 2030 y 2050.

Los fiscales generales de los nueve estados argumentan que Trump utilizó fondos privados o de campaña para incentivar a desarrolladores a abandonar proyectos ya aprobados, lo que, según afirman, distorsionó el mercado de energías renovables y perjudicó inversiones públicas y privadas previamente realizadas. Señalan que esta conducta podría configurar un delito de obstrucción a la justicia estatal y una violación de la Ley de Competencia Desleal de cada estado.

En respuesta, los abogados de Trump han negado las acusaciones, afirmando que no hubo pagos directos ni inducción ilegal, y que cualquier comunicación con desarrolladores fue parte de un diálogo legítimo sobre preocupaciones locales, como el impacto visual o ambiental de las turbinas. Sin embargo, los demandantes presentan correos electrónicos, testimonios de ejecutivos y registros financieros que, según dicen, respaldan su caso.

Este caso se suma a una serie de acciones legales estatales contra figuras federales por presunta interferencia en políticas climáticas. Un juez federal ya había anulado en diciembre de 2025 una orden ejecutiva de Trump que buscaba suspender nuevos permisos para proyectos eólicos en aguas federales, lo que fortaleció la posición de los estados en esta nueva demanda.

El resultado de este litigio podría tener implicaciones significativas para el futuro de la energía renovable en EE.UU., especialmente si se establece un precedente legal sobre los límites de la influencia federal o privada en la toma de decisiones estatales sobre infraestructura limpia.