Nueva York prohíbe la cooperación policial con ICE en casos migratorios civiles

El estado de Nueva York ha promulgado una ley que veta la cooperación entre las fuerzas policiales locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en asuntos migratorios civiles, con el objetivo de preservar la confianza entre la policía y las comunidades inmigrantes. La medida, impulsada por la gobernadora demócrata Kathy Hochul, entró en vigor este martes y responde a preocupaciones sobre el uso de agentes locales para cumplir metas de deportación vinculadas a la agenda migratoria del expresidente Donald Trump.

Según Hochul, la norma, denominada "Policía local, crímenes locales", impide que ICE utilice a los cuerpos policiales municipales o estatales para ejecutar lo que ella calificó como una "agresiva agenda migratoria". En su lugar, la colaboración con el gobierno federal se limitará exclusivamente a situaciones en las que se haya cometido un delito penal, no a simples infracciones migratorias.

"La policía local debe estar libre para responder a casos en los que una persona rompe la ley, no para ir a una escuela, una iglesia o un Home Depot y ayudar a Stephen Miller a alcanzar sus cuotas", declaró la gobernadora, haciendo referencia al asesor de Trump y arquitecto de varias políticas migratorias restrictivas.

El jefe de policía de Albany, Brendan Cox, respaldó la ley y advirtió que involucrar a las fuerzas locales en acciones migratorias civiles erosiona la confianza pública. "Cuando se rompe la confianza y los residentes temen llamar a la policía, las víctimas se callan, los testigos no hablan... todos estamos menos seguros", afirmó Cox, quien señaló que, desde que comenzó su carrera en 1994, su departamento nunca ha participado en operaciones migratorias civiles.

Cox también cuestionó la vigencia de los acuerdos de cooperación federal conocidos como 287(g), argumentando que su aplicación resulta innecesaria en un contexto donde los índices de criminalidad han disminuido en muchas jurisdicciones del estado. Su postura fue compartida por otros jefes de policía que consideran que dichos convenios distorsionan el enfoque tradicional del orden público.

La gobernadora añadió que la ley ha resistido los desafíos legales presentados hasta el momento y que, según sus datos, 60 de los 62 condados de Nueva York ya la aplican en la práctica. Desafió a las jurisdicciones que se opongan a defender su posición ante los tribunales.

Una excepción notable es el condado de Nassau, en Long Island, donde el líder republicano Bruce Blakeman ha buscado confrontar la política estatal y aspira a reemplazar a Hochul en las próximas elecciones gubernatoriales, contando con el respaldo expreso de Donald Trump. Nassau ha sido históricamente un foco de actividad pandiller y mantiene una postura más alineada con las políticas migratorias restrictivas a nivel federal.

La norma refleja un creciente enfoque estatal y municipal en proteger la integridad de la labor policial tradicional, priorizando la seguridad pública sobre la colaboración en asuntos migratorios no penales, especialmente en un clima nacional de polarización sobre la aplicación de las leyes de inmigración.