Nueva norma de Trump para negar residencia por uso de ayudas públicas entra en vigor

La nueva normativa migratoria impulsada por el expresidente Donald Trump para denegar la residencia permanente a inmigrantes considerados potenciales cargas públicas entró en vigor este viernes 18 de septiembre de 2026. La medida, anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), busca asegurar que los solicitantes de green card demuestren autosuficiencia económica y no dependan de beneficios gubernamentales financiados por contribuyentes.

Esta reglamentación representa el segundo intento de la administración Trump para endurecer los criterios de admisibilidad migratoria, tras una versión previa implementada en 2019 que fue posteriormente revertida por la administración Biden. Según el Immigrant Legal Resource Center (ILRC), la norma se aplica específicamente a solicitantes de residencia permanente mediante peticiones familiares (cónyuges, padres, hijos o hermanos de ciudadanos o residentes) o mediante peticiones basadas en empleo.

El concepto de 'carga pública' ha sido ampliado en esta nueva guía, considerando ahora una gama más amplia de beneficios públicos como asistencia en efectivo, vivienda subsidiada, ayuda para estudios, vales de alimentos y ciertos servicios de salud financiados por el gobierno federal. Además, se tomarán en cuenta los beneficios recibidos por familiares directos (hijos, padres, cónyuges) si el solicitante es responsable de su mantenimiento y dicho beneficio depende de sus ingresos.

Los oficiales de inmigración tendrán mayor discrecionalidad para evaluar factores como la edad, el tamaño del hogar, el estado de salud, el historial crediticio y la capacidad económica del solicitante. Incluso la presencia de un patrocinador no será suficiente por sí sola para descartar una determinación de carga pública, ya que USCIS podrá considerar otros elementos en su evaluación integral.

Quedan excluidos de esta norma los solicitantes que buscan residencia a través de asilo, estatus de refugiado, visa U (víctimas de delitos), visa T (víctimas de trata), VAWA (Ley contra la Violencia hacia la Mujer) o el Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJS). Estas categorías mantienen protecciones específicas bajo la ley migratoria estadounidense.

Las solicitudes presentadas o enviadas por correo con sello del 17 de septiembre de 2026 o antes serán evaluadas bajo la norma de 2022, establecida durante la administración Biden, que había relajado los criterios anteriores. A partir del 18 de septiembre, todas las nuevas solicitudes en las categorías familiar y laboral estarán sujetas al nuevo parámetro.

Aunque la norma no se aplica directamente a procesos consulares en el extranjero, se espera que los consulados estadounidenses sigan lineamientos similares en sus evaluaciones. Expertos en derecho migratorio como Fernando Romo recomiendan a los solicitantes presentar evidencia de empleo estable, seguro médico privado y activos como ahorros, inversiones o propiedades para demostrar capacidad de autosuficiencia.

Alex Gálvez, otro abogado especializado en migración, aconseja estar atento a las acciones legales en curso contra la norma. Esta semana, varias ciudades y condados, liderados por Nueva York, presentaron una demanda federal para bloquear su implementación, argumentando que intentos similares han sido detenidos previamente por tribunales que los consideran arbitrarios, caprichosos y discriminatorios.