Mujeres representan casi la mitad del funcionariado dominicano pero ocupan menos del 15% de los cargos de mayor poder

Las mujeres constituyen el 49.5% del funcionariado público dominicano, según los primeros hallazgos del Observatorio de Participación Política y Paridad, impulsado por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF). Sin embargo, su presencia disminuye significativamente en los espacios donde se concentra el mayor poder político y económico del país.

En el Gobierno Central, aunque las mujeres representan casi la mitad de las 5,064 plazas analizadas, solo dos de los 23 ministerios (8.7%) están encabezados por mujeres. La brecha es aún más marcada en instituciones clave: ninguno de los ministerios de Hacienda, Agricultura, Obras Públicas, Industria y Comercio, Turismo, Medio Ambiente, Energía y Minas o Vivienda es dirigido por una mujer, pese a que estas entidades gestionan aproximadamente RD$203 mil millones en recursos públicos.

Desigualdad en gobiernos locales y Congreso Nacional

El patrón se replica en los gobiernos locales: solo 16 de las 158 alcaldías (10.1%) están encabezadas por mujeres, mientras que estas ocupan el 89.9% de las vicealcaldías. En los distritos municipales, las mujeres representan apenas el 9.8% de las direcciones, pero alcanzan el 90.1% de las subdirecciones.

En el Congreso Nacional, las mujeres ocupan 4 de los 32 escaños del Senado (12.5%) y el 36.8% de la Cámara de Diputados. Además, ninguna mujer ha presidido el Senado en los últimos 11 años.

Participación en partidos políticos y sistema de justicia

Dentro de los partidos políticos, aunque las mujeres representan aproximadamente la mitad de la militancia en el PRM, PLD y Fuerza del Pueblo, solo 5 de las 41 presidencias partidarias (12.2%) están en manos femeninas.

En contraste, en el sistema de justicia, donde el acceso depende de concursos y carreras profesionales, las mujeres son mayoría: representan el 64% de la judicatura ordinaria y el 77% de los juzgados de paz. No obstante, ninguna mujer preside actualmente el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral ni la Junta Central Electoral.

"La desigualdad en la participación política de las mujeres sigue siendo una desigualdad en la distribución del poder. No basta con contar cuántas mujeres llegan; tenemos que preguntarnos a dónde llegan, en qué condiciones y cuánto poder ejercen una vez ahí"

— Syra Taveras Pineda, directora ejecutiva de CIPAF.

Los datos también revelan un retroceso en la cantidad de mujeres electas: de 998 en 2020, la cifra descendió a 940 en las elecciones de 2024, una reducción del 5.8%. En cuanto al financiamiento político, solo el 31.2% del gasto de campaña declarado ante la Junta Central Electoral corresponde a mujeres, y las candidatas que terminan con déficit registran una deuda mediana 5.25 veces mayor que la de los hombres.

Para CIPAF, este contraste evidencia que la brecha no responde a una falta de preparación o capacidad de las mujeres, sino a las reglas y mecanismos que determinan quién accede a los principales espacios de decisión.