Muchos inmigrantes en EE.UU. enfrentan deportación sin representación legal

Muchos inmigrantes en Estados Unidos comparecen ante los tribunales de inmigración sin abogado, lo que aumenta significativamente su riesgo de deportación, especialmente en el contexto de las políticas migratorias de la segunda administración Trump. La falta de representación legal se ha convertido en un obstáculo crítico para quienes buscan asilo o protección frente a la expulsión del país.

Kamalpreet Chohan, coordinadora de un programa que envía abogados voluntarios a los tribunales, describió una situación alarmante durante una audiencia en el tribunal de inmigración de Sacramento el lunes 27 de julio de 2026. Al revisar una lista de 57 nombres de personas convocadas, señaló una ausencia flagrante, reflejando la dificultad que tienen muchos inmigrantes para presentarse cuando no cuentan con apoyo legal.

Según Chohan, comparecer sin abogado supone un riesgo aún mayor debido al papel central que desempeñan los tribunales en la agenda de deportaciones masivas del gobierno. Los tribunales están denegando cada vez más solicitudes de asilo, los agentes de ICE han arrestado a inmigrantes dentro de los edificios judiciales, y la administración ha acortado los plazos de espera y abarrotado las salas para reducir el atraso de casos, lo que lleva a que muchos no asistan a sus audiencias por confusión o miedo.

Los datos respaldan la importancia de la representación legal. Un análisis del Vera Institute of Justice revela que, de los aproximadamente 3,2 millones de casos de deportación pendientes en los tribunales de inmigración de EE.UU., el 52 % de las personas no tienen abogado. Además, un estudio del Servicio de Investigación del Congreso de 2024 mostró que solo el 19 % de los inmigrantes sin representación legal47 % tuvo éxito en su caso.

"La gente entra al tribunal de inmigración sin saber qué está pasando. Salen sin saber qué está pasando. Y cuando hay un abogado presente, es de gran ayuda", afirmó Chohan.

A diferencia de los tribunales penales, en los tribunales de inmigración no se garantiza el derecho a un abogado. Los inmigrantes deben contratar uno por cuenta propia, lo que puede costar miles de dólares, o depender de organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios gratuitos. Sin embargo, estas organizaciones enfrentan listas de espera largas y una escasez nacional de abogados especializados en inmigración.

Chohan también advirtió sobre la prevalencia de fraudes: muchas personas son estafadas por individuos que se hacen pasar por abogados y les cobran dinero sin brindar ningún servicio real. En uno de los casos que relató, un hombre que huyó de Guatemala en 2024 tras ser amenazado por pandillas gastó 4.500 dólares en un abogado que resultó ser un estafador. El hombre, quien prefirió permanecer en el anonimato, dijo que ahora teme ser deportado tras una advertencia del juez y no sabe qué hacer.

Fuera del edificio del tribunal en Sacramento, hay una larga fila de inmigrantes esperando citas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ubicado en el mismo edificio. Voluntarios de grupos locales de resistencia al ICE están presentes para ofrecer apoyo. Dentro del tribunal, dos jueces de inmigración manejan las audiencias: uno revisa casos individuales de asilo, mientras el otro supervisa el calendario general para determinar si los casos están listos para avanzar.

Se recuerda al público que no se permite grabar video ni audio dentro del recinto judicial, y guardias de seguridad vigilan los pasillos. La mayoría de los asistentes llega con carpetas llenas de documentos relacionados con sus casos migratorios.