MP sostiene que acusación contra Jean Alain Rodríguez incluye 34 líneas de imputación

El Ministerio Público reiteró que cuenta con elementos probatorios suficientes para sustentar las 34 líneas de imputación incluidas en la acusación por presunta corrupción administrativa contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y otros acusados. Según el órgano acusador, la investigación documentó una estructura que habría operado durante la gestión de Rodríguez Sánchez en la Procuraduría General de la República (PGR), orientada a la sustracción de recursos públicos, lavado de activos y uso indebido de la institución para fines ajenos a sus funciones.

El expediente contempla la presunta sustracción y desfalco de más de RD$ 6,000 millones en perjuicio del Estado, una cifra que, según el Ministerio Público, refleja la magnitud y complejidad del caso. La institución destacó que la cantidad de líneas de investigación es inusual en procesos de corrupción administrativa debido a la diversidad de hechos atribuidos a los imputados.

Rodríguez Sánchez es señalado como principal acusado, al que se le atribuye haber encabezado una conducta planificada para obtener recursos de manera ilícita y financiar su carrera política. Se le acusa de utilizar la estructura institucional de la PGR para estos fines, incluyendo la presunta orden de destrucción de archivos institucionales.

Principales líneas de investigación

El Ministerio Público detalló las 14 líneas de investigación principales integradas en la acusación, entre las que destacan:

1. Comité de Compras y Contrataciones: utilización del comité como instrumento para defraudar, desfalcar y apropiarse de fondos públicos, así como mecanismo de extorsión y manipulación de procesos. Se comprobó que eran falsas decenas de actas del Comité.
2. Estafa en suministro de alimentos: contratación fraudulenta para proveer a recintos penitenciarios y centros de menores, afectando a más de 27,000 privados de libertad, mediante un entramado de empresas controladas por Rolando Rafael Sebelén, cuñado de Rodríguez Sánchez.
3. Maniobras fraudulentas con documentos: falsificación, superposición digital de firmas y sellos para simular actas de sesiones que nunca se celebraron.
4. Destrucción masiva de archivos: acciones sistemáticas de trituración de documentos públicos de compras ejecutadas en julio y agosto de 2020, con el objetivo de ocultar actos ilícitos.
5. Contratación fraudulenta del laboratorio de ADN (Inacif): esquema de falsedad y soborno que resultó en la adquisición de equipos inservibles, con pérdidas millonarias para el Estado.
6. Plan de Humanización: uso indebido del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario para captar sobornos millonarios y lavar activos mediante múltiples empresas contratistas, con obligación de entregar sumas en efectivo.
7. Recepción de información privilegiada y pagos por bienes no entregados: canalización de sobornos mediante empresas como AM Multigráfica y Soluciones Globales Pérez Mella.
8. Desfalco mediante boletos aéreos (Global Tours & Travel): adquisición de pasajes y hospedajes con fines personales y políticos, encubiertos mediante facturas falsas.
9. Financiamiento ilícito de carrera política: desvío de presupuesto, nómina e instalaciones públicas para propaganda y proselitismo del Movimiento Político Renovación.
10. Lavado de activos a través de testaferro: adquisición de la sede política utilizando prestanombres y pagos en efectivo (US$1,268,500) para ocultar al beneficiario real.
11. Estructura de propaganda y acoso ("Granja de Bots"): creación de más de 18,000 cuentas falsas en redes sociales para promover tendencias políticas y ejecutar campañas de descrédito contra periodistas y líderes de opinión.
12. Pago masivo de "botellas": contratación de empleados fantasmas obligados a devolver entre el 85% y el 90% de su salario para financiar la granja de bots.

El Ministerio Público aclaró que sus afirmaciones forman parte de su posición dentro del proceso judicial y deberán ser sometidas al debate y valoración de los tribunales. La responsabilidad penal de Rodríguez Sánchez y de los demás imputados no puede considerarse establecida hasta que exista una decisión judicial definitiva.