MP solicita arresto domiciliario para 13 imputados y prisión preventiva para el resto en caso Senasa 2.0

El Ministerio Público solicitó medidas de coerción diferenciadas para los 26 imputados en el caso Senasa 2.0, tras tres días de audiencia en la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. El órgano de persecución pidió arresto domiciliario para 13 colaboradores que admitieron su participación en la red de fraude, mientras mantuvo el requerimiento de 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo para los restantes imputados.

El juez Rigoberto Sena reservó su decisión y fijó la lectura del fallo para mañana domingo a las 7:00 de la noche. Durante las audiencias, 13 imputados reconocieron su involucramiento en el esquema y pidieron disculpas al tribunal, mientras otro grupo, integrado principalmente por médicos y profesionales de la salud, intentó minimizar su responsabilidad alegando títulos académicos y montos bajos recibidos.

Detalles de los imputados

Entre aquellos para quienes el MP solicitó prisión preventiva y caso complejo se encuentran Angeury Guzmán Vázquez y Staky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, así como los médicos Ysabel Heredia Vallejo, Juan Henry Pouriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Marta María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista, Wander Manuel Díaz Encarnación y Yocaira Antonia Méndez Beltré.

El grupo que admittedió los hechos incluye a Heridy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einsten Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Inoa Olivero, Elgels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mecedes Lugo, entre otros colaboradores.

Fundamentos de la acusación

Wilson Camacho, director de Persecución de la Procuraduría General, destacó la contundencia de las pruebas, respaldada por 706 elementos presentados, como factor clave que llevó al acorralamiento de los imputados. Manifestó su confianza en que el tribunal acogerá sin modificaciones la solicitud del Ministerio Público.

Por su parte, Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Anticorrupción (PEPCA), rechazó los intentos de la defensa de restar gravedad al caso mediante la presentación de títulos académicos. Señaló que "este no es un tema de montos sino del derecho a la salud", enfatizando que el bien jurídico protegido no es el dinero recibido, sino el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos.

Ortiz añadió que, según declaraciones de varios imputados, una parte sustancial del esquema corrupto se operó mediante pagos de sobornos en efectivo para evadir el rastreo bancario, lo que refuerza la intención de ocultar las actividades ilícitas.