Ministro Álvarez advierte sobre trata que obliga a víctimas a delinquir

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, alertó sobre una nueva modalidad de trata de personas que obliga a las víctimas a participar en actividades ilícitas como fraudes financieros, estafas en línea, ciberdelitos y lavado de activos, lo que representa un desafío creciente para los sistemas de justicia y seguridad nacionales e internacionales.

Al encabezar el acto conmemorativo del Día Mundial contra la Trata de Personas 2026, celebrado bajo el lema "Trata de Personas y Criminalidad Forzada: Víctimas Atrapadas en la Delincuencia Organizada", Álvarez sostuvo que esta evolución exige respuestas más eficaces de los Estados y una mayor coordinación internacional para enfrentar redes criminales cada vez más sofisticadas.

"Ninguna persona puede ser reducida a una mercancía", expresó Álvarez, definiendo la trata de personas como "una de las violaciones más graves de los derechos humanos" y recordando que detrás de cada caso existe una persona marcada por el engaño, la violencia o la coerción.

El funcionario explicó que las organizaciones criminales ya no solo explotan a sus víctimas, sino que también las fuerzan a participar en delitos, convirtiéndolas simultáneamente en víctimas e instrumentos del crimen organizado. "Comprender esta evolución resulta indispensable para construir respuestas más eficaces frente a un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales y desafía a nuestras instituciones", afirmó.

Álvarez indicó que las redes de trata utilizan falsas ofertas de empleo, promesas de mejores oportunidades y plataformas digitales para captar a las víctimas, las cuales posteriormente son sometidas a distintas formas de explotación y, en numerosos casos, obligadas a participar en fraudes financieros, estafas en línea, ciberdelitos y lavado de activos, entre otras actividades ilícitas de carácter transnacional.

Ante esa realidad, defendió la aplicación del principio de no criminalización de las víctimas, para evitar que quienes actuaron bajo amenazas o coerción sean procesados como responsables de delitos que fueron obligados a cometer. "La firmeza del Estado debe dirigirse sobre todo contra quienes planifican, financian y se benefician de estas redes criminales", subrayó.

Durante su intervención, el canciller citó el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), según el cual las víctimas detectadas de trata aumentaron un 25 % en 2022 respecto a los niveles previos a la pandemia. Además, destacó un cambio en los patrones de explotación: el trabajo forzoso representa actualmente el 42 % de los casos detectados en el mundo, superando por primera vez a la explotación sexual, que concentra el 36 %.

Para Álvarez, estas cifras reflejan la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales, que diversifican continuamente sus mecanismos de explotación para ampliar sus beneficios ilícitos. "La trata de personas constituye también una creciente amenaza para la seguridad, el Estado de derecho y la gobernanza democrática", sostuvo.

El ministro enfatizó que ningún país puede enfrentar por sí solo organizaciones criminales que operan simultáneamente en varias jurisdicciones, utilizan tecnologías digitales y movilizan recursos financieros a través de distintos países. En ese sentido, recordó que el Protocolo de Palermo establece la cooperación internacional como uno de los pilares para prevenir este delito, perseguir a sus responsables y proteger a las víctimas.

Álvarez señaló además que el 74 % de los tratantes condenados actuaban como parte de redes de delincuencia organizada, lo que confirma que la trata constituye una importante fuente de financiamiento del crimen organizado transnacional. Por ello, llamó a fortalecer la cooperación judicial y policial, la inteligencia financiera, el intercambio de información, la investigación patrimonial y la preservación de evidencia electrónica.

El canciller destacó el trabajo de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM), presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, como el principal mecanismo nacional de coordinación para prevenir este delito, perseguir a los responsables y proteger a las víctimas. Asimismo, resaltó que República Dominicana ejercerá la vicepresidencia de la Novena Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Trata de Personas de la OEA para el período 2026-2028, junto con Honduras, lo que consideró un reconocimiento al compromiso del país en esta materia.

Álvarez aseguró que el Gobierno continuará fortaleciendo las capacidades institucionales para enfrentar las nuevas manifestaciones de la trata de personas, especialmente las vinculadas con la criminalidad forzada, el fraude financiero y el ciberdelito.