Ministerio Público solicita prórroga para concluir investigación del caso Senasa

El Ministerio Público confirmó la necesidad de una prórroga de cuatro meses para concluir la investigación del caso Senasa, tras el aplazamiento de la audiencia prevista para este miércoles en el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.

Wilson Camacho, procurador adjunto y titular de la Dirección General de Persecución, explicó que la solicitud de extensión se debe al volumen de operaciones a analizar, la cantidad de investigados y la gravedad de los hechos denunciados en el esquema de corrupción que afectó al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Según indicó, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de Senasa y principal encartado, permanece bajo prisión preventiva junto a otros implicados en la red de desvío de fondos públicos.

La audiencia fue aplazada para el 4 de septiembre de 2026 a las 9:00 a.m., tras el fallecimiento de un familiar de uno de los abogados de la defensa, lo que impidió su realización este miércoles en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Camacho reveló que, durante un interrogatorio, uno de los imputados afirmó que la corrupción era la norma dentro de Senasa, lo que refuerza la necesidad de profundizar en las líneas de investigación.

El Ministerio Público sostiene que existen tres estructuras identificadas que participaron en el desfalco, y que nuevas imputaciones podrían surgir al concluir el ciclo investigativo.

"En las tres dimensiones habrá otras imputaciones y habrá otras personas involucradas, pero eso sucederá cuando la investigación cumpla su ciclo"

, advirtió el procurador adjunto.

Sobre la medida de coerción contra Ada Ledesma Ubiera, Camacho confirmó que el tribunal mantuvo el arresto domiciliario, reduciendo únicamente el pago de la garantía económica, sin objeción del Ministerio Público.

El caso Senasa, que se originó tras la Operación Cobra, incluye procesos contra múltiples imputados, entre ellos Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ángel Luis Guzmán Vásquez, muchos de los cuales cumplen prisión preventiva de 18 meses.

Otros implicados como Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella están bajo arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.

El Ministerio Público fue representado en la audiencia por el procurador de corte Héctor García y los procuradores fiscales Yudelka Holguín y Alexis Piña, adscritos a la Dirección General de Persecución y a la Pepca.

El juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción, dispuso el aplazamiento tras una solicitud de la defensa.

La investigación busca no solo sancionar penalmente a los responsables, sino también recuperar los fondos sustraídos al patrimonio público y garantizar que todos los participantes en la red de corrupción enfrenten la justicia.