Ministerio Público solicita prórroga de 4 meses para acusar a exdirector de Senasa y 9 imputados

El Ministerio Público solicitó una prórroga de cuatro meses para presentar la acusación formal contra Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros nueve imputados, en el marco de una investigación por presunta estafa millonaria contra el Estado dominicano.

La solicitud fue presentada ante la jueza Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, y Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

El caso será remitido al juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien deberá notificar a las defensas de los imputados y a los representantes legales del Estado, además de fijar una audiencia para evaluar la petición de prórroga.

Junto a Hazim figuran como acusados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma. Los cinco primeros permanecen en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma cumple arresto domiciliario.

También están imputados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario y ya habían admitido ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y otros funcionarios de Senasa, lo que les permitió acceder a esta medida coercitiva en lugar de prisión preventiva.

Según el Ministerio Público, la red acusada habría defraudado al Estado dominicano por un monto inicial de más de 15,000 millones de pesos, cifra que investigaciones posteriores han elevado a más de 19,000 millones de pesos. Las supuestas irregularidades habrían ocurrido entre 2020 y 2025, afectando el sistema público de riesgos de salud.

Los delitos atribuidos al grupo incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos y falsificación y uso de documentos falsos.

El Ministerio Público reiteró que el caso permanece abierto y que, además de los actualmente detenidos, otras personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación por su posible vinculación con la red.