Ministerio Público pide rechazar extinción penal por presunta estrategia dilatoria

El Ministerio Público solicitó a las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que rechacen la declaración de extinción de la acción penal solicitada por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, argumentando que dicha medida no procede debido a presuntas maniobras dilatorias promovidas por la defensa.

Durante la audiencia, el fiscal Manuel Ramírez detalló una serie de incidentes promovidos por Rodríguez y su equipo legal desde la fase de investigación hasta el juicio, los cuales, según el órgano acusador, tuvieron como único objetivo retrasar el proceso penal.

Historial de recusaciones y retrasos

El Ministerio Público presentó evidencia de cinco recusaciones fallidas interpuestas por la defensa, las cuales paralizaron las pesquisas en distintas etapas del proceso. La primera se presentó el 28 de febrero de 2021 contra todo el equipo investigador, incluyendo a miembros del Ministerio Público sin relación directa con el caso, y fue rechazada.

Una segunda recusación se interpuso el 6 de abril de 2021, esta vez incluyendo a la entonces directora general de Persecución y actual procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien también fue excluida tras ser desestimada la solicitud.

Posteriormente, entre mayo de 2022, se presentaron tres recusaciones adicionales: una el 8 de mayo, otra el 12 de mayo y una quinta que involucró al procurador adjunto Rodolfo Espiñeira. Todas fueron resueltas en contra de la defensa, según detalló el fiscal Ramírez.

Magnitud del caso y otros incidentes denunciados

Para contextualizar la complejidad del proceso, el Ministerio Público destacó que el expediente contiene una acusación de 12,274 páginas, involucra a 62 acusados, cuenta con 441 testimonios, 77 pruebas periciales, 2,876 pruebas documentales, 168 pruebas materiales y abarca 33 líneas de investigación.

Además de las recusaciones, el órgano acusador denunció otras tácticas dilatorias, entre ellas:

• Solicitudes de plazos desproporcionados, entre 100 días y un año, pese a que la defensa ya tenía acceso a 150,000 páginas de pruebas en formato digital.
• Exigencia de impresión masiva de todas las pruebas, lo que implicaría un costo económico elevado y fue rechazada por los tribunales.
• Uso abusivo de recursos legales como oposiciones, apelaciones y casaciones presentados fuera de tiempo y repetidamente declarados inadmisibles.
• Interrupciones constantes durante la lectura de la acusación, al punto de que el juez advirtió a la defensa que estaba "torpedeando la lectura".
• Una estrategia de división legal, separando la representación del acusado y sus empresas para presentar los mismos incidentes de forma individual y agotar el tiempo del tribunal.

"El cómputo de los plazos procesales no es un mero cálculo matemático, sino un ejercicio de razonabilidad que debe considerar la alta complejidad del caso y la evidente conducta obstructiva de la defensa", afirmó Mirna Ortiz, titular de la Pepca, quien reiteró la solicitud de rechazar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.

El Ministerio Público sostuvo que las postergaciones han sido garantistas y no atribuibles a fallas del órgano acusador, y pidió al tribunal que valore el contexto general antes de considerar cualquier medida de extinción.