Ministerio Público pide rechazar extinción de acción penal contra Jean Alain Rodríguez

El Ministerio Público solicitó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente por presunta corrupción administrativa.

Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la extinción procesal constituye una sanción ante la inactividad o conducta defectuosa de las partes, y argumentó que los retrasos en el caso no son atribuibles al órgano acusador, sino a la complejidad del expediente y a las acciones de la defensa.

Ortiz destacó que el artículo 146 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley 97-25, establece parámetros objetivos para determinar la razonabilidad de los plazos procesales, y resaltó que el manejo de más de 4,000 elementos probatorios supera ampliamente el volumen analizado en otros casos de corrupción.

Asimismo, indicó que los aplazamientos derivados de condiciones de salud, intervenciones quirúrgicas, solicitudes de la defensa, derechos del personal procesal y la alta carga judicial no son imputables al Ministerio Público.

"La extinción es una sanción procesal. ¿A quién se castiga? A la parte que ha actuado de manera contraria a las normas. El Ministerio Público no ha incurrido en negligencia ni en inactividad defectuosa que amerite la 'muerte procesal' de esta causa",

aseveró la magistrada.

Para sustentar su postura, Ortiz citó la resolución jurisprudencial del mismo tribunal del 17 de marzo de 2025 en el caso contra Juan Alexis Medina Sánchez, donde también se rechazó una solicitud de extinción de la acción penal.

Por su parte, el fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, afirmó que el presunto retardo del juicio responde a una estrategia dilatoria deliberada por las defensas de los procesados.

Ramírez detalló que una de las defensas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones, todas ellas rechazadas por los tribunales por carecer de fundamento jurídico.

El representante del Ministerio Público señaló que estas acciones demuestran que el único propósito fue ralentizar el curso normal de la justicia, y agregó que el expediente es uno de los casos de corrupción administrativa más voluminosos en la historia judicial dominicana.

"No se puede pretender alegar la extinción de la acción penal invocando el paso del tiempo, cuando ha sido la propia conducta procesal de la defensa la que ha provocado los aplazamientos mediante recusaciones infundadas e incidentes estériles",

acotó el fiscal ante el tribunal.

Finalmente, el Ministerio Público depositó en estrados las pruebas físicas relacionadas con las recusaciones rechazadas para que consten en el récord del tribunal al momento de decidir sobre la petición de la defensa.