Ministerio Público apelará condena por retención de teléfono en caso Intrant

El Ministerio Público anunció que apelará la sentencia que ordena el pago de RD$ 7,560,000 a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, imputado en el caso de presunta corrupción vinculado al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), por la supuesta retención de un teléfono celular cuyo valor de mercado ronda los RD$ 3,000.

Según informó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la decisión judicial contiene graves vicios procesales, entre ellos que fue emitida por una jueza que, según su interpretación, ya no tenía conocimiento del expediente desde octubre de 2025.

Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado confirmaron que recibieron la notificación el jueves y disponen de un plazo de 20 días para presentar el recurso de apelación. Señalaron que la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió el fallo pese a que el proceso había sido trasladado al Sexto Juzgado de la Instrucción el 24 de octubre de 2025.

Ese tribunal conoció la audiencia preliminar y dictó el auto de apertura a juicio, por lo que, según el Ministerio Público, la jueza carecía de competencia para decidir sobre la medida.

Además, la Pepca cuestiona la aplicación de la figura de la astreinte para establecer el monto de la multa, considerando que se produjo una desnaturalización del mecanismo y que la suma fijada resulta desproporcionada frente al valor del bien reclamado.

La sentencia establece el pago de RD$ 7,560,000 por liquidación de una astreinte relacionada con varios bienes que, según la acusación, ya fueron entregados al procesado. Entre ellos figura un teléfono Samsung S3, cuyo valor de mercado, según el órgano acusador, ronda los RD$ 3,000.

Pérez añadió que el tribunal que actualmente conoce el proceso de corrupción tampoco tendría competencia para decidir sobre esta reclamación, ya que, según explicó, el asunto corresponde a una jurisdicción distinta a la penal.

El caso por corrupción contra Álvarez Carbuccia y otros imputados será conocido por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que fijó audiencia para el próximo 11 de agosto.

Álvarez Carbuccia figura entre los acusados en un expediente que involucra al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y al empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, entre otros procesados.

Según la acusación del Ministerio Público, durante la gestión de Beras en el Intrant se habrían producido adjudicaciones irregulares a empresas sin capacidad técnica suficiente, además de una supuesta manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia del Gran Santo Domingo.

El expediente atribuye a Gómez Canaán haber resultado beneficiado con contratos presuntamente fraudulentos vinculados a las empresas Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, así como el supuesto control de sistemas semafóricos, de videovigilancia y de espionaje tecnológico, y el alegado sabotaje de la red semafórica.

En el caso de Álvarez Carbuccia, la acusación sostiene que emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria del Intrant.

Los imputados enfrentan acusaciones por lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad, delitos de alta tecnología, uso de documentos privados, contrabando y violaciones a la Ley de Armas.

El Ministerio Público asegura que algunas de las personas jurídicas incluidas en el expediente fueron utilizadas para ejecutar contratos considerados fraudulentos y para facilitar el control de la red semafórica.

El pasado 5 de junio, a solicitud de la Fiscalía, los procesados fueron enviados a juicio de fondo.