Ministerio Público apela perdón judicial a Wander Franco por falta de arrepentimiento

El Ministerio Público interpuso una apelación parcial contra la sentencia que otorgó un perdón judicial al pelotero Wander Samuel Franco Aybar, quien fue declarado culpable de abuso sexual y psicológico en perjuicio de una menor de edad. La apelación fue presentada contra la Sentencia Penal núm. 272-02-2026-SSEN-00149, emitida por el Tribunal Colegiado Ad Hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata.

El abogado Robinson Reyes, quien analizó el caso, lo calificó como "muy particular" y señaló que una de las principales críticas a la decisión judicial es la ausencia total de arrepentimiento por parte del deportista. "Algunas críticas que he visto en los medios proceden porque él no ha externado ni una sola vez arrepentimiento por su relación con una menor de edad", expresó Reyes.

Según explicó el jurista, el perdón judicial fue concedido porque la pena impuesta fue inferior a cinco años, tal como lo establece la ley. No obstante, Reyes sostuvo que dicho beneficio debería haber estado acompañado de una muestra genuina de arrepentimiento por parte del condenado.

"Los jueces, de manera benigna, le otorgaron un perdón judicial, que procede cuando la pena es inferior a cinco años. No obstante, el perdón judicial debería estar acompañado de un arrepentimiento de la persona que cometió el hecho".

Reyes añadió que el perdón judicial elimina los antecedentes penales derivados de la condena, comparándolo con una figura histórica de clemencia: "Es parecido a la amnistía que daban los reyes antes a un condenado. A eso equivale el perdón judicial".

La apelación del Ministerio Público busca que la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata revoke específicamente la parte de la sentencia que concedió el perdón judicial a Franco, manteniendo potencialmente la pena de prisión, pero sin el beneficio de borrar sus antecedentes.

Según el abogado, ahora corresponde notificar a las partes para que presenten sus escritos de contestación dentro de los plazos establecidos por el Código Procesal Penal. Posteriormente, la Corte fijará una audiencia para conocer el recurso. "Probablemente le suspenda la pena tal y como está, pero quizás le quite el perdón judicial. Tendríamos que esperar ese resultado", indicó Reyes.

En el mismo proceso, se mantiene la condena de 10 años de prisión impuesta a Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor, por explotación sexual comercial y lavado de activos.

Hasta la fecha, ni la familia de la víctima ni sus representantes legales han emitido declaraciones públicas sobre la apelación presentada por el Ministerio Público.

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) expresó su respaldo a la decisión del Ministerio Público de apelar la sentencia. En un comunicado, la institución reiteró su compromiso con el principio de "cero impunidad" frente a cualquier vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

"El interés superior del niño debe constituir el eje central de toda decisión, por encima de cualquier otro factor", señaló Conani.

La entidad destacó que las violaciones a los derechos de menores deben recibir una respuesta oportuna, efectiva y conforme al marco jurídico nacional e internacional. Asimismo, recordó que la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes (PPA) constituye un compromiso estatal para prevenir estas situaciones y garantizar entornos seguros para niñas y adolescentes.

Conani concluyó reafirmando su compromiso de promover y garantizar una protección efectiva frente a cualquier situación que atente contra la integridad física, psicológica o sexual de una persona menor de edad, sin importar su condición social, económica o profesional.