Ministerio de Interior respalda sentencia del TC y mantiene restricción de bebidas alcohólicas

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, confirmó este miércoles que respeta la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el decreto 308-06, el cual regulaba los horarios de expendio de bebidas alcohólicas en centros de diversión, pero aseguró que dicha norma permanecerá vigente mientras el Congreso Nacional aprueba una nueva ley.

El Tribunal Constitucional estableció un plazo de dos años, contados desde la fecha de la sentencia, para que el Congreso legisle sobre la materia, considerando que una restricción como la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en horario nocturno debe estar contenida en una ley y no en un decreto. Durante este periodo, el decreto vigente desde 2006 continuará aplicándose.

Según explicó la ministra Raful mediante su cuenta oficial de X, el Estado dominicano acompañará al Congreso Nacional en el proceso de elaboración de una normativa moderna, efectiva y acorde con las necesidades del país, escuchando además a la sociedad para garantizar un equilibrio entre orden público y derechos individuales.

"Respetamos y acatamos su decisión. Al mismo tiempo, acompañaremos al Congreso y escucharemos a la sociedad para construir una normativa moderna, efectiva y acorde con las necesidades del país", escribió la funcionaria, reafirmando su compromiso de proteger la vida, la seguridad y la convivencia de todos los dominicanos.

La sentencia del TC responde a una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado Victor Mateo Vásquez, quien celebró públicamente la reacción de la ministra, instando a las autoridades a elaborar una ley garantista que delimite claramente las atribuciones del Estado, conforme al Estado de Derecho.

"¡Excelente, ministra! Esa es la actitud. Tómense un tiempo prudente, pero elaboren una ley garantista a favor de la dignidad de las personas y delimiten sus atribuciones como sucede en todo Estado de Derecho", señaló el letrado en sus redes sociales.

El plazo de dos años otorgado por el Tribunal Constitucional busca garantizar una transición ordenada hacia un marco legal sólido, evitando vacíos normativos mientras se discute y aprueba la nueva ley en el Congreso Nacional.