Miles de menores migrantes sin acompañante enfrentan riesgo de falta de representación legal en EE. UU.

Miles de menores que ingresaron solos a Estados Unidos se encuentran en una situación de vulnerabilidad al carecer de representación legal durante sus procesos migratorios, según informó una reciente evaluación de organizaciones defensoras de derechos humanos. La falta de asesoría jurídica adecuada pone en riesgo su derecho al debido proceso y aumenta la probabilidad de decisiones desfavorables en sus casos de asilo o deportación.

Según datos recopilados por grupos de defensa, aproximadamente el 70% de los niños y adolescentes que cruzan la frontera sur sin compañía de un adulto no tienen acceso a un abogado durante las audiencias judiciales. Esta cifra representa una mejora respecto a años anteriores, pero sigue siendo alarmantemente alta, especialmente considerando la complejidad del sistema de inmigración estadounidense.

Las organizaciones involucradas advierten que la ausencia de representación legal afecta desproporcionadamente a menores de países como Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes frecuentemente huyen de violencia, pobreza y persecución. Sin un defensor legal, muchos no comprenden plenamente los procedimientos, no pueden presentar evidencia clave o no saben cómo solicitar protección internacional.

El gobierno federal ha implementado algunos programas para aumentar el acceso a asistencia legal, incluyendo iniciativas financiadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Sin embargo, los recursos siguen siendo insuficientes frente al flujo continuo de llegadas, lo que genera sobrecarga en las organizaciones sin fines de lucro que intentan cubrir el vacío.

Expertos en derecho migratorio señalan que garantizar representación legal a todos los menores no acompañados no solo es una obligación ética y legal bajo tratados internacionales, sino que también mejora la eficiencia del sistema judicial al reducir retrasos y errores procesales. Algunas cortes migratorias han comenzado a requerir la presencia de un tutor legal o defensor en casos de menores, aunque su aplicación es inconsistente.

Mientras tanto, grupos de la sociedad civil continúan presionando al Congreso y a la administración para que se apruebe una legislación que establezca el derecho a representación legal garantizada para todos los menores en procedimientos de deportación. Argumentan que dicha medida sería un paso fundamental hacia un sistema migratorio más justo y humano.