Miles de menores migrantes sin acompañante en EE.UU. pierden acceso a representación legal

Alrededor de 24.000 menores migrantes que ingresaron solos a Estados Unidos enfrentan el riesgo de quedarse sin representación legal a partir del 31 de julio, fecha en la que vencen los contratos que el gobierno federal mantiene con proveedores de servicios jurídicos especializados en casos de menores no acompañados.

Según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), a través de su Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dejó de realizar pagos a estos proveedores desde noviembre de 2020, pese a que los contratos seguían vigentes. La medida afecta directamente a la capacidad de los menores para acceder a asesoría legal en sus procesos migratorios.

El Defending Our Neighbors Fund advirtió que, aunque se ofrecieron recursos de emergencia para mantener parcialmente el servicio, la falta de una renovación federal inmediata dejará a miles de niños y adolescentes sin abogados que los representen ante los tribunales de inmigración.

Disputa por la entrega de información de clientes

El gobierno federal condicionó la prórroga de los contratos a que los proveedores compartieran información detallada sobre sus clientes, una exigencia que las organizaciones legales rechazaron argumentando que viola el derecho a la confidencialidad y el derecho a una representación justa de los menores.

Funcionarios de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados afirmaron que la solicitud de datos buscaba garantizar transparencia en el uso de fondos públicos, pero los abogados y centros legales sostuvieron que dicha medida pone en riesgo la seguridad y la privacidad de los niños, muchos de los cuales huyen de violencia, persecución o situaciones de riesgo en sus países de origen.

Advertencias sobre deportaciones inminentes

Melissa López, directora ejecutiva de Estrella del Paso, una red de proveedores legales con más de 20 años de experiencia, señaló que la interrupción del financiamiento forma parte de un intento deliberado por eliminar el programa, sabiendo que, sin representación legal, las probabilidades de deportación aumentan significativamente.

Por su parte, Lindsay Toczylowski, directora y cofundadora del Immigrant Defenders Law Center de California, advirtió que el fin de los contratos no solo priva a los niños de defensa legal, sino que elimina uno de los pocos mecanismos de supervisión efectivo frente a posibles malas prácticas en los centros de detención y procesos migratorios.

"Esto forma parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar las protecciones legales, los mecanismos de supervisión y las garantías constitucionales que frenan el poder gubernamental sin restricciones", afirmó Toczylowski.

Meena Shah, directora de Servicios Legales en The Door, añadió que los jueces de inmigración continúan avanzando con los casos independientemente de si el menor cuenta o no con representación, lo que aumenta el riesgo de decisiones adversas sin una defensa adecuada.

Según su advertencia, a partir del lunes 2 de agosto, se podrían iniciar órdenes de deportación en masa contra niños que no cuenten con abogado durante sus audiencias migratorias.

El fondo humanitario reiteró que, sin una intervención federal urgente para renovar los contratos o establecer un mecanismo alternativo de financiamiento, miles de menores migrantes que ingresaron solos al país enfrentarán un riesgo inminente de perder su acceso a la justicia y ser deportados sin haber tenido la oportunidad de presentar su caso de manera adecuada.