Mayor Girón Jiménez solicita revocación de arresto domiciliario tras cumplir pena en caso Coral

El mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, testigo clave del Ministerio Público en el caso Coral y Coral 5G, solicitó al juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional la revocación del arresto domiciliario que aún pesa en su contra, tras haber cumplido la pena de cinco años de prisión impuesta por su participación en el entramado de corrupción.

El magistrado Franny González fijó para este lunes el conocimiento del recurso de hábeas corpus interpuesto por la defensa de Girón Jiménez, con el cual se busca dejar sin efecto la medida de coerción que mantiene al oficial bajo vigilancia en su residencia, pese a que ya cumplió la condena privativa de libertad.

Además, para este miércoles está pautada la audiencia ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, mismo tribunal que lo condenó, para conocer una solicitud de cese de medida de coerción presentada también por su defensa, en un intento por finalizar completamente las restricciones legales derivadas del proceso.

Girón Jiménez llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y brindó testimonio clave sobre el funcionamiento de la red de corrupción que involucró a múltiples oficiales militares y policiales acusados de estafar al Estado dominicano por más de RD$4,500 millones, lo que permitió avanzar significativamente en la investigación del caso Coral y sus derivados.

Otras condenas en el caso Coral

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional también impuso penas severas a otros implicados: 20 años de prisión para el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez de Aza, mientras que el general de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola y la pastora Rossy Guzmán recibieron 15 años de prisión además del pago de 400 salarios mínimos cada uno.

El tribunal, presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez y integrado por las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo, determinó que los ilícitos se cometieron durante la gestión de Cáceres Silvestre al frente del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y de Torres Robiou en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), tras un juicio basado en cientos de pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por el Ministerio Público.