Más de 90,000 dominicanos de ascendencia haitiana siguen sin resolver su situación migratoria tras 12 años de Ley 169-14

Más de 90,000 personas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana continúan en situación de limbo jurídico más de 12 años después de la entrada en vigor de la Ley 169-14, según denuncias de organizaciones de derechos humanos y expertos legales.

La norma fue aprobada en 2014 como respuesta a la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que retroactivamente negó la nacionalidad dominicana a hijos de inmigrantes en tránsito. La ley pretendía dividir a la población afectada en dos categorías: la Categoría A, para quienes ya tenían registros estatales, y la Categoría B, para quienes nunca fueron declarados y estaban inscritos en el Libro de Extranjería.

En la Categoría A, aunque la Junta Central Electoral (JCE) reporta la entrega de documentos a unas 27,000 personas, reconoce que más de 34,000 quedaron pendientes. Según Beneco Enecia, coordinador de la Plataforma Dominicanos por Derecho, el total de personas aún sin solución supera los 90,000, contradiciendo los anuncios oficiales de resolución del problema.

Quienes logran avanzar en el proceso de la Categoría A a menudo ven sus actas de nacimiento originales reemplazadas por actas de transcripción, las cuales, según el abogado Manuel Dandré, quedan permanentemente anuladas, excluyendo a los titulares del sistema civil regular y afectando también a sus hijos, quienes heredan la misma condición.

En la Categoría B, destinada a quienes nacieron en territorio dominicano pero nunca fueron declarados, el proceso resultó en un fracaso. Solo 8,755 personas completaron el registro en el Libro de Extranjería, y de ellas, apenas 799 han sido incluidas en decretos oficiales para avanzar en su regularización, dejando a aproximadamente 8,000 sin alternativa legal.

El jurista Olivo Rodríguez Huertas atribuye este fracaso a los enfrentamientos entre sectores ultranacionalistas y defensores de derechos humanos, que boicotearon el registro, impidiendo alcanzar las metas iniciales. Critica al Estado por su irresponsabilidad al no resolver un problema originado por más de un siglo de desorden migratorio.

La falta de documentación tiene consecuencias concretas en la vida diaria. Jóvenes como Francis Vinicio, tras graduarse de la escuela, no pueden acceder a empleo formal ni educación superior por falta de cédula, lo que los obliga a trabajar en la informalidad y enfrentar detenciones arbitrarias por su apariencia. Otras familias, como la de Elitania Jean, no pueden registrar a sus hijos, poniendo en riesgo su futuro educativo y forzándolos a vivir en condiciones de extrema vulnerabilidad, incluso durmiendo al aire libre para evitar operativos migratorios.

En los bateyes, la exclusión sistémica limita el acceso a servicios de salud y educación, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión que afectan a múltiples generaciones.