Más de 80 mil empresas proveen al Estado; 35 fueron inhabilitadas en 2025

La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) informó que el Registro de Proveedores del Estado (RPE) cuenta con más de 80,000 empresas activas, al tiempo que detalló las acciones disciplinarias tomadas contra proveedores durante el año 2025, incluyendo inhabilitaciones por incumplimientos y casos vinculados a corrupción.

Panorama del Registro de Proveedores

De acuerdo con datos del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), actualizados al 14 de enero de 2026, existen 80,034 empresas activas registradas como proveedoras del Estado dominicano. Este listado total supera las 125,000 entidades, ya que incluye también aquellas que han sido canceladas, desactualizadas, se encuentran inactivas o suspendidas.

Dentro del grupo de empresas activas, 8,568 corresponden a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes). El registro también incluye entidades con décadas de trayectoria, creadas entre 1932 y 1985, aunque su inscripción formal como proveedoras estatales se realizó mayoritariamente a partir de 2005, con el inicio del proceso de modernización de las compras públicas.

Acciones Disciplinarias y Suspensiones

Durante el año 2025, la DGCP emitió 35 decisiones de inhabilitación del RPE. Estas medidas incluyeron inhabilitaciones temporales por incumplimientos contractuales e inhabilitaciones permanentes por la presentación de documentos falsos o adulterados.

Adicionalmente, se procedió a la cancelación y suspensión de oficio de 91 registros de proveedores que correspondían a personas condenadas o procesadas por delitos de corrupción. En total, la DGCP ha cancelado 9,159 empresas, ha desactualizado 32,019, y mantiene como inactivas 3,126, inhabilitadas 124 y suspendidas 653.

Entre las suspensiones recientes más destacadas, mediante la resolución DGCP44-2025-005056, se encuentran empresas vinculadas al caso de presuntos sobornos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). Las compañías suspendidas en este contexto incluyen a Farmacard, KHERSUN, Deleste (propiedad del grupo Read), JCMV Despacho Legal, Nutri-Med Cas, Nutrición & Medicina, Lufarca, Flavorheart Food Parts, Grupo Siulrod, y varias comercializadoras asociadas a Ramón Frankelis Liriano Fabián.

Contexto del Caso Senasa

La suspensión de estas empresas se enmarca en la investigación por corrupción en el Senasa, donde José Pablo Ortiz Giráldez fue identificado por las autoridades como un testigo clave y presunto enlace para el cobro de sobornos. Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Ortiz Giráldez, quien se definió como amigo de 30 años del exdirector de la entidad, Santiago Hazim, habría creado empresas específicamente para este fin, como PDSS Servicios A Tu Salud y OGSS Prestadora De Servicios De Salud.

El pasado 14 de diciembre, el juez Rigoberto Sena dictó 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros seis imputados, entre ellos exgerentes y proveedores. En contra de otros tres acusados, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, se dictó prisión domiciliaria.

Estas acciones reflejan los esfuerzos de las autoridades por depurar el registro de proveedores estatales y aplicar sanciones ante irregularidades, en un marco donde operan decenas de miles de empresas que participan en la contratación pública.