Más de 80 auditorías de la Cámara de Cuentas enviadas a la PEPCA sin seguimiento público

Al menos 80 auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas han sido remitidas a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en los últimos dos años, revelando fallas administrativas significativas en múltiples instituciones estatales. Estos informes documentan pagos sin soporte, contratos cuestionados, expedientes incompletos, diferencias contables y compras bajo observación en sectores críticos como seguridad, salud, infraestructura, medio ambiente, energía, transporte, Congreso, partidos políticos y entidades portuarias.

Sin embargo, no existe un registro público que detalle el destino de estos expedientes, lo que impide saber cuántos fueron archivados, cuántos avanzaron en investigación o cuántos llegaron a los tribunales. Esta falta de transparencia genera una deuda de información pública, ya que la Cámara de Cuentas cumple su rol de fiscalización al identificar indicios y remitir los casos, pero no tiene competencia para acusar ni sancionar penalmente, responsabilidad que recae exclusivamente en el Ministerio Público y, en casos de corrupción administrativa, en la PEPCA.

Cada auditoría representa una inversión de recursos públicos, pues la Cámara de Cuentas utiliza presupuesto estatal para financiar equipos técnicos, especialistas financieros, auditores legales, levantamientos documentales, verificaciones de campo y revisiones de cumplimiento. Cuando esos informes llegan a la PEPCA y no se informa su resultado, también se pone en duda el rendimiento institucional de los recursos empleados para su producción.

Un caso emblemático es el vinculado al Ministerio de Hacienda y la Operación Calamar, donde parte de los señalamientos de la auditoría —que observó irregularidades por más de RD$25,000 millones— fue llevado por el Ministerio Público a una acusación penal por presunta defraudación contra el Estado. Este precedente muestra que, cuando hay voluntad procesal, cruces financieros y capacidad probatoria, una auditoría técnica puede convertirse en un expediente judicial de alto perfil.

Otro ejemplo relevante es la auditoría a la Policía Nacional correspondiente al período 2020-2022, que examinó más de RD$52,739 millones transferidos a la institución. Entre los hallazgos se identificaron pagos incorrectos del sueldo anual número 13 por RD$711.5 millones, procesos de urgencia con documentación insuficiente por RD$186.8 millones, compras irregulares de vehículos por RD$70 millones y uso de fondos para fines distintos a los establecidos en el presupuesto. Sin una respuesta penal identificable, el efecto preventivo de la auditoría se reduce, especialmente en una institución en proceso de reforma y con alta exposición pública.

En el área de salud, la Cámara de Cuentas mantiene publicada una investigación especial sobre licitaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social realizadas entre el 1 de marzo y el 16 de agosto de 2020. El informe colocó bajo observación la compra de medicamentos e insumos médicos durante la emergencia sanitaria, señalando diferencias por más de RD$300 millones entre precios de referencia, precios contratados, valores de mercado y montos facturados, incluyendo un sobrepago de RD$304.4 millones y adjudicaciones por encima de la mejor oferta por RD$7.3 millones.

El órgano fiscalizador publica en su portal de transparencia sus presupuestos aprobados, ejecuciones presupuestarias y los informes de auditoría que produce. Pero ese gasto público solo cumple su propósito si esos documentos sirven para corregir controles, recuperar fondos cuando corresponda y activar investigaciones penales cuando existan indicios suficientes de irregularidades. La ausencia de seguimiento público tras el envío de los expedientes a la PEPCA convierte esos esfuerzos en registros administrativos sin impacto efectivo en la rendición de cuentas ni en la prevención de la corrupción.