Más de 70 juristas proponen incluir tres causales para la interrupción del embarazo en el Código Penal

Un grupo de más de 70 juristas dominicanos presentó este miércoles una carta formal solicitando la modificación de los artículos 110 y 111 del Código Penal, con el objetivo de incluir tres causales específicas para la interrupción del embarazo. La iniciativa se enmarca en el proceso de revisión legislativa que actualmente lleva adelante una Comisión Bicameral, encargada de analizar las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo a 18 artículos del Código Penal.

Las abogadas Dangela Ramírez Guzmán y Tamara Aquino, voceras del pronunciamiento, detallaron que las causales propuestas son: riesgo para la vida o la salud de la mujer (incluyendo niñas y adolescentes), incompatibilidad fetal con la vida y embarazo resultado de una relación sexual. Según explicaron, estas excepciones no representan un cambio aislado, sino un conjunto de medidas que, a su juicio, están respaldadas por la Constitución Dominicana y por derechos fundamentales como el derecho a la salud, la dignidad, la vida libre de violencia y la integridad personal.

La propuesta busca reformar el artículo 110, que actualmente tipifica el "aborto forzado", argumentando que su redacción vigente podría resultar inconstitucional al obligar a la mujer a interrumpir su embarazo sin su consentimiento y dejar dicha decisión exclusivamente en manos del médico de turno. Las juristas sostienen que esta configuración vulnera el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y contradice principios constitucionales de autonomía y dignidad.

Además del artículo 110, la iniciativa incluye una revisión del artículo 111, según aclararon las abogadas, para garantizar que el marco legal sea coherente y completo. Señalaron que el enfoque no es eliminar la protección jurídica al feto, sino equilibrarla con los derechos de las mujeres, particularmente en situaciones de vulnerabilidad extrema.

La presentación de la carta, también firmada por las abogadas Dilia Leticia Jorge Meray y Patricia M. Santana Nina, se suma a un creciente debate público y jurídico sobre el alcance del Código Penal en materia de salud reproductiva. El colectivo de juristas expresó su esperanza de que la propuesta sea tomada en cuenta antes de que se cierre la ventana de definiciones legislativas y se proceda a la lectura final del texto en sesión plenaria.

El pedido refleja una presión creciente desde sectores académicos, profesionales y de derechos humanos para que la reforma del Código Penal incorpore avances en materia de derechos reproductivos, alineándose con estándares internacionales y jurisprudencia constitucional nacional.