Más de 70 juristas exigen incluir las tres causales en el nuevo Código Penal dominicano

Más de 70 juristas, académicos y especialistas en derecho constitucional y penal presentaron un pronunciamiento ante la Comisión Bicameral que estudia las modificaciones al Código Penal, solicitando la incorporación explícita de las tres causales para la interrupción del embarazo sin responsabilidad penal.

El documento, dirigido al presidente de la comisión, el diputado Wandy Batista, sostiene que la redacción actual de los artículos 110 y 111 de la Ley 74-25 presenta serios problemas de constitucionalidad y técnica legislativa, generando incertidumbre jurídica y vulnerando derechos fundamentales.

En cuanto al artículo 111, los firmantes señalan que omite reconocer circunstancias excepcionales en las que la continuación forzada del embarazo afecta gravemente el derecho a la vida, la salud, la integridad física y psíquica, la dignidad, la igualdad y la autonomía personal de mujeres, adolescentes y niñas.

Por ello, proponen sustituir su redacción para establecer expresamente que la interrupción del embarazo no genere responsabilidad penal cuando la vida o la salud de la mujer esté en peligro, cuando el embarazo sea incompatible con la vida extrauterina o cuando sea consecuencia de una violación sexual, agresión sexual o incesto.

Respecto al artículo 110, advierten que contiene una contradicción normativa al remitir a una eximente cuya formulación es insuficiente desde el punto de vista constitucional, lo que compromete principios como la legalidad, la taxatividad y la seguridad jurídica.

Como solución, proponen eliminar la expresión "fuera de la eximente del artículo 111", de modo que el delito de aborto forzado no admita excepciones, evitando así ambigüedades en su aplicación.

Los juristas sostienen que el artículo 37 de la Constitución debe interpretarse de manera sistemática con el resto de los derechos fundamentales, y recuerdan que ninguna disposición constitucional establece una protección absoluta de la vida prenatal que impida al legislador reconocer excepciones en circunstancias extremas.

Además, destacan que, de los 21 países cuyas constituciones reconocen alguna forma de protección de la vida prenatal, la mayoría contempla excepciones legales cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, existe inviabilidad fetal o el embarazo es consecuencia de una violación o incesto.

Finalmente, aseguran que las modificaciones propuestas no constituyen una excepción al orden constitucional dominicano, sino una forma de armonizar la protección de la vida prenatal con los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país.

La presentación fue realizada por la abogada Patricia M. Santana Nina, en representación del colectivo, que incluye a figuras destacadas como la exjueza del Tribunal Constitucional Ana Isabel Bonilla Hernández, Cristóbal Rodríguez Gómez, Angélica Noboa Payán, Thiago Marrero Peralta, Carlos Morel, Dilia Leticia Jorge Mera, Paola Pelletier Quiñones, Michelle Pérez Fuentes Hiciano, Emilio Zucco, Katia Ríos Goico, Alberto Fiallo-Billini Scanlon y Laura Hernández Fondeur, entre decenas de profesionales del ámbito jurídico.