Más de 350,000 haitianos pierden protección temporal en EE.UU. y enfrentan deportación masiva

Más de 350,000 haitianos residentes en Estados Unidos perdieron su Estatus de Protección Temporal (TPS) este lunes, tras la expiración de una medida que les había permitido vivir y trabajar legalmente en el país desde 2010, tras el devastador terremoto que afectó a Haití. La decisión se produce tras una serie de fallos judiciales, incluyendo uno de la Corte Suprema en junio de 2024 que autorizó al gobierno de Donald Trump a revocar el beneficio, y un reciente fallo del tribunal federal de apelaciones que postergó la finalización del TPS hasta esta fecha.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prepara operativos de deportación masiva, con inicio previsto en el estado de Ohio, donde aproximadamente 14,000 haitianos con TPS residen. Según reportes de medios y declaraciones de congresistas, las primeras redadas podrían comenzar en los próximos días. El congresista republicano Michael Rulli, de Ohio, declaró en una entrevista con Fox News que "van a empezar a sacar a los haitianos fuera de Ohio" y añadió: "Saquemos a todos de aquí y empecemos desde el principio".

La mayor concentración de personas afectadas se encuentra en Florida, donde vive cerca de la mitad de la población beneficiaria del TPS haitiano, es decir, unos 158,000 individuos, según datos de la organización civil FWD.us. La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, quien representa un distrito en Florida, denunció que el DHS planea detener a cerca de 2,000 haitianos al día para deportarlos a Haití, calificando el esfuerzo como "inaceptable" y advirtiendo sobre el impacto en familias mixtas, donde muchos niños son ciudadanos estadounidenses.

Las deportaciones afectarían a sectores clave de la economía estadounidense, particularmente en hospitales, asilos, restaurantes y hoteles, donde trabajan cerca de 200,000 haitianos con TPS. Según FWD.us, esta población contribuye anualmente con aproximadamente 5,900 millones de dólares a la economía nacional, siendo Miami el centro de mayor impacto con una aportación de 1,500 millones de dólares. Además, se estima que alrededor de 50,000 niños ciudadanos de EE.UU. podrían perder al menos a uno de sus padres como resultado de estas medidas.

El gobierno justifica la revocación del TPS alegando mejoras en las condiciones ambientales en Haití, pero activistas y organizaciones de derechos humanos rechazan este argumento, señalando que el país atraviesa una profunda crisis de seguridad e institucionalidad. Desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, Haití no ha tenido un mandatario electo, y en 2025 se reportaron casi 6,000 asesinatos, según datos citados en el informe. Estas condiciones, aseguran los críticos, hacen inviable un retorno seguro y digno para los deportados.