Más de 350.000 haitianos pierden el TPS en EE.UU.; deportaciones iniciarían en Ohio

Más de 350.000 ciudadanos haitianos en Estados Unidos perdieron su Estatus de Protección Temporal (TPS) este lunes, tras la expiración de una medida que les permitía vivir y trabajar legalmente en el país desde 2010, tras el devastador terremoto que afectó a Haití. La decisión se produce luego de una serie de fallos judiciales, incluyendo uno de la Corte Suprema de junio de 2024 que autorizó al gobierno de Donald Trump a revocar la protección.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prepara operativos de deportación masiva, con las primeras redadas previstas para comenzar en el estado de Ohio, donde aproximadamente 14.000 haitianos con TPS residen, según datos de la organización civil FWD.us. El congresista republicano Michael Rulli, de Ohio, confirmó en una entrevista con Fox News que las autoridades iniciarán los operativos en su estado, afirmando que "van a empezar a sacar a los haitianos fuera de Ohio".

La mayor concentración de personas afectadas se encuentra en Florida, donde vive casi la mitad de los beneficiarios del TPS haitiano: alrededor de 158.000 individuos. La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, quien representa un distrito en Florida, denunció que el DHS planea detener a cerca de 2.000 haitianos al día para su deportación, calificando el plan como "un esfuerzo enorme" que separará familias y afectará a trabajadores en sectores clave.

Según FWD.us, los haitianos con TPS contribuyen aproximadamente 5.900 millones de dólares anuales a la economía estadounidense, trabajando en hospitales, asilos, restaurantes y hoteles. La mayor contribución proviene de Miami, con 1.500 millones de dólares. Además, se estima que alrededor de 50.000 niños ciudadanos de Estados Unidos podrían perder al menos a uno de sus padres debido a las deportaciones.

El gobierno justifica la medida afirmando que las condiciones en Haití han mejorado lo suficiente desde el terremoto de 2010 para retirar la protección. Sin embargo, activistas y organizaciones de derechos humanos señalan que el país atraviesa una profunda crisis de seguridad, con casi 6.000 homicidios reportados en 2025 y sin un presidente electo desde el asesinato de Jovenel Moïse en 2021.