Más de 300 requeridos por la justicia se entregaron voluntariamente en dos meses

El Ministerio de Interior y Policía informó que 314 personas requeridas por la justicia se entregaron voluntariamente entre el 17 de agosto y el 16 de octubre de 2026, según el balance presentado por la ministra Faride Raful durante la reunión semanal de la Fuerza de Tarea Conjunta.

Los datos fueron divulgados por el Gobierno como parte del seguimiento a las políticas de seguridad ciudadana, en un contexto donde se busca fortalecer la coordinación entre las instituciones del sistema de justicia y seguridad.

Distribución de los casos por tipo de delito

Según el desglose proporcionado por la Fuerza de Tarea, 76 de las entregas correspondieron a personas buscadas por robo y asalto, 71 por homicidio y 49 por tráfico de drogas. Los restantes casos estuvieron relacionados con agresión y violencia, vehículos robados, delitos sexuales y otras infracciones penales.

Evolución temporal de las entregas voluntarias

El registro muestra una progresión significativa a lo largo del período analizado: 31 entregas entre el 17 y el 31 de agosto, 122 durante todo el mes de septiembre y 161 entre el 1 y el 16 de octubre, lo que indica un aumento sostenido en la confianza de los requeridos en el proceso judicial.

Durante su intervención, la ministra Raful también destacó los avances en la transformación policial, incluyendo la ampliación del nuevo modelo de patrullaje y la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar las capacidades de respuesta institucional.

"No delegando solamente en la Policía Nacional, sino en todas las instituciones que pertenecen a este sistema que por primera vez trabaja de manera conjunta y que esta Fuerza de Tarea es la mejor evidencia de esto", expresó Raful al referirse al trabajo articulado entre las instituciones.

Raful enfatizó que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida entre todos los organismos del sistema, bajo la rectoría del Ministerio de Interior y Policía, y subrayó la importancia de analizar indicadores, monitorear procesos y coordinar acciones en lugar de centralizar toda la carga en la Policía Nacional.

La presentación de estos datos formó parte del balance periódico de seguridad ciudadana realizado en el marco de la Fuerza de Tarea Conjunta, un espacio donde las instituciones revisan los indicadores delictivos y planifican acciones coordinadas para fortalecer la respuesta del Estado frente a la criminalidad.