Manuel Villoria insiste en que la corrupción debe castigarse con cárcel visible para restaurar la confianza ciudadana

Manuel Villoria, catedrático español y experto en integridad pública, advirtió que la percepción de impunidad en los actos de corrupción contribuye a normalizar esas prácticas y dificulta que los ciudadanos mantengan comportamientos íntegros. Durante una intervención previa a su conferencia en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) en Santo Domingo, el académico sostuvo que una política efectiva contra la corrupción requiere que los casos graves sean investigados y sancionados de manera visible, de modo que la sociedad perciba que infringir la ley tiene consecuencias reales.

Una de las cosas esenciales, según Villoria, es que el que la hace, la paga. En este sentido, enfatizó que frente a un caso de corrupción grave, es fundamental que la persona implicada vaya a la cárcel y que la ciudadanía lo vea. Esta visibilidad en la sanción, explicó, es clave para romper la creencia de que la corrupción es generalizada o normalizada en la sociedad.

"Cuando en una sociedad se genera la creencia de que todos los demás son corruptos o de que la corrupción es lo normal, la gente tiende a jugar a ese juego"

El experto explicó que, cuando se asume que la corrupción es un comportamiento extendido, actuar honestamente puede representar un costo para el individuo, quien observa cómo otros obtienen ventajas económicas, políticas o sociales mediante conductas contrarias a las normas. Esta dinámica, advirtió, erosiona la integridad personal y debilita el tejido social.

Además de combatir la impunidad, Villoria consideró fundamental contar con una administración pública profesional, imparcial y capaz de aplicar las leyes independientemente de las vinculaciones políticas, familiares o personales de los ciudadanos. Para lograrlo, planteó que los servidores públicos deben ser seleccionados sobre la base del mérito, contar con posibilidades de desarrollar una carrera profesional y disponer de estabilidad que evite que su permanencia dependa de los cambios de gobierno.

"Ellos sirven no a un partido, no sirven a un gobierno, sirven a un país", enfatizó el académico, recordando que en República Dominicana ha participado en esfuerzos anteriores para consolidar un servicio civil de carrera, aunque ha observado dificultades históricas cuando la militancia partidaria se convierte en una vía de acceso a puestos públicos.

Villoria también advirtió sobre el dilema de lealtad que surge cuando una persona ingresa a la administración como consecuencia de su vinculación con una organización política: ¿debe su lealtad corresponder al Estado o al partido que facilitó su entrada? Esta tensión, según el experto, compromete la imparcialidad y la eficacia del servicio público.

El especialista sostuvo que la integridad no depende exclusivamente del individuo, sino que las instituciones públicas, empresas y organizaciones deben crear condiciones que incentiven las actuaciones honestas y desincentiven las conductas contrarias a la ética. Entre los mecanismos mencionados citó códigos éticos, controles internos, sistemas de cumplimiento y canales para denunciar irregularidades, acompañados de protección para quienes informen de manera veraz sobre actos ilegales o corruptos.

"No puedes confiar en que la gente es íntegra. Tienes que formar a la gente, incentivarla y sancionarla", expresó Villoria, destacando particularmente la necesidad de proteger a los denunciantes de irregularidades dentro de instituciones públicas y privadas. En España, actualmente preside una autoridad independiente encargada de la protección de informantes de infracciones e ilegalidades.

En cuanto a la formación ética, Villoria atribuyó un papel esencial a la familia, seguido por la escuela, las universidades y los lugares de trabajo. Explicó que resulta difícil que un niño asimile principios de respeto a las normas cuando recibe ciertos valores en la escuela, pero observa comportamientos contrarios en su hogar. La participación conjunta de estas instituciones, consideró, permite construir progresivamente una cultura cívica basada en el respeto a las leyes, necesaria también para el desarrollo económico y la convivencia social.

Durante su conferencia, Villoria planteó la integridad desde tres dimensiones: personal, organizacional y estatal. La primera implica que las personas desarrollen principios y valores coherentes con sus responsabilidades; la segunda requiere que las organizaciones establezcan mecanismos que favorezcan las conductas éticas; mientras que la tercera demanda políticas públicas orientadas hacia la transparencia, la participación ciudadana, la profesionalización del servicio público y la prevención de la corrupción.

"La suma de las tres, integridad personal más integridad en las organizaciones, más integridad en el Estado, constituye el camino hacia el bien común", concluyó el experto, subrayando que solo un enfoque integral puede restaurar la confianza en las instituciones y fomentar una sociedad más justa y equitativa.