Manifestantes en Puerto Rico exigen la disolución de la Junta de Control Fiscal tras 10 años

Decenas de ciudadanos puertorriqueños se manifestaron este lunes en 11 municipios de la isla para exigir la salida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad impuesta por el gobierno de Estados Unidos hace exactamente 10 años bajo la Ley Promesa para reestructurar la deuda pública y controlar las finanzas de Puerto Rico.

Los manifestantes, representantes de diversos grupos sociales, sindicales y ciudadanos, se concentraron en 14 zonas de la isla portando pancartas con mensajes como "Pa' fuera la Junta Colonial. ¡No a la Ley Promesa!" y "Sin justicia laboral no hay futuro para Puerto Rico. Pa' fuera La Junta", según se detalló en un comunicado de prensa conjunto.

Emilio Nievez, portavoz de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, denunció que "diez años son demasiados y estamos hartos de la Junta en cada esquina del país", señalando que, tras una década, el pueblo paga más por servicios básicos como luz y agua, mientras recibe peores servicios porque "todo el dinero se va para los bonistas".

Según explicó Nievez, la Junta fue creada para resolver una crisis económica, pero su gestión ha tenido el efecto contrario: "lo que hizo fue agravarla mientras ellos y sus amigos se lucran". Agregó que las protestas son un llamado a unir fuerzas para exigir su salida inmediata.

La Junta de Supervisión Fiscal fue establecida por el Congreso de EE. UU. en 2016 mediante la Ley Promesa (PROMESA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de reestructurar una deuda pública que ascendía a 70.000 millones de dólares y supervisar el presupuesto y las finanzas públicas de Puerto Rico.

Hasta la fecha, el único pendiente en el proceso de reestructuración es llegar a un acuerdo respecto a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la empresa estatal responsable del servicio eléctrico en la isla.

Julio López Varona, de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, criticó que la JSF ha promovido "recortes masivos al presupuesto público sin medir el daño a la población", lo que ha encarecido el costo de vida y los servicios esenciales, dejando al país en peores condiciones económicas sin abordar las raíces estructurales de la crisis.

Por su parte, Cristian Martínez, director ejecutivo de Construyamos Otro Acuerdo, destacó que el impacto de la Junta ha sido particularmente duro para la población pensionada, afirmando que "un retiro digno no es un capricho ni una dádiva, es un derecho básico que las pensionadas se ganaron dedicando su vida al servicio público".

Martínez añadió que es hora de dar un primer paso hacia la autogobernanza, para que el pueblo de Puerto Rico pueda "luchar por un país que vela por nuestras vidas antes de la deuda".

Ángel Rodríguez León, co-presidente del Movimiento Nacional Hostosiano, vinculó la permanencia de la Junta con el estatus colonial de Puerto Rico, afirmando que "el colonialismo es incompatible con la democracia" y que estos diez años han representado una "dictadura colonial" que ha afianzado mecanismos que niegan al pueblo puertorriqueño la posibilidad de tomar decisiones sobre aspectos fundamentales de su vida colectiva.

La protesta se enmarca en un contexto de creciente descontento social por la percepción de que la Junta prioriza el pago de la deuda sobre el bienestar de la población, en una situación donde indicadores como la pobreza, la migración y la desigualdad siguen en niveles elevados tras una década de intervención fiscal federal.