Magistradas de Corte de Apelación objetan traslados sin su consentimiento

Tres magistradas de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo presentaron una objeción formal ante el Consejo del Poder Judicial (CPJ) en rechazo a sus traslados de sala dentro de la Cámara Penal, los cuales consideran arbitrarios, ilegales y de retaliación.

Natividad Ramona Santos, Wendy Altagracia Valdez y Pilar Antonia Rufino Díaz denunciaron que fueron informadas el 22 de agosto de 2026 de los movimientos aprobados por el CPJ el 19 de agosto, sin haber sido consultadas ni haber otorgado su anuencia previa, tal como exige la Ley 327-98 sobre Carrera Judicial.

Según el documento dirigido al presidente del CPJ, Luis Henry Molina Peña, quien también preside la Suprema Corte de Justicia, las magistradas indicaron que nunca solicitaron traslado y que la medida vulnera su derecho al buen nombre, la inamovilidad y la independencia judicial.

Los cambios disponían el paso de Natividad Ramona Santos de la Tercera a la Segunda Sala; de Wendy Altagracia Valdez de la Segunda a la Tercera Sala; y de Pilar Antonia Rufino Díaz de la Primera a la Tercera Sala de la Cámara Penal.

Las magistradas sustentaron su reclamo en el artículo 18 de la Ley 327-98, que establece que todo traslado o ascenso requiere de la anuencia previa del juez involucrado, y citaron la sentencia TC/0364/21 del Tribunal Constitucional, que determina que los traslados no consentidos vulneran la garantía de inamovilidad e independencia judicial consagrada en el artículo 151 de la Constitución.

Además, argumentaron que la Dirección General de Administración y Carrera Judicial justificó los movimientos como "internos", alegando criterios de experiencia y necesidad del servicio, pero consideran que el procedimiento afecta su reputación y podría estar orientado a favorecer ascensos de jueces masculinos en detrimento de magistradas de carrera.

Con más de 23 años de servicio en el Poder Judicial y alrededor de nueve años en sus respectivas salas, las tres magistradas solicitaron formalmente al CPJ dejar sin efecto los traslados y otorgaron un plazo de tres días hábiles para recibir respuesta, reservándose el derecho de interponer acciones por la vía administrativa en caso de no ser atendido su reclamo.

La objeción también fue dirigida a los demás consejeros del CPJ: Manuel Aurelio Hernández Victoria (representante de la Suprema Corte de Justicia), Karen Josefina Mejía Pérez (representante de las Cortes de Apelación), Keila E. González Belén (representante de los Tribunales de Primera Instancia) y Katherine A. Rubio Matos (representante de los Juzgados de Paz).