Maestra sufre daño bucal permanente tras extracción dental en centro no autorizado

Una maestra de La Vega sufrió daños permanentes en su salud bucal tras someterse a una extracción de molares en un centro médico que operaba sin autorización legal, según denunció la víctima y confirmó el Ministerio Público. El caso ha puesto en evidencia los riesgos del intrusismo profesional en el sector salud.

Milka Mercedes Ramírez acudió al Centro Médico V Centenario el 17 de enero con la intención de resolver sus problemas dentales. Fue atendida por los hermanos Franklin José Almánzar Escarramán y William Radhamés Almánzar Escarramán, quienes, según la acusación, realizaron el procedimiento sin poseer el exequátur necesario para ejercer la odontología.

Durante la intervención, Franklin Almánzar le administró anestesia y utilizó instrumentos de odontología de forma agresiva, provocando lesiones que impidieron la extracción completa de las piezas dentales. La víctima describió el episodio como una "pesadilla", recordando los golpes dentro de su boca y el dolor intenso que persistió horas después del supuesto tratamiento.

Una certificación médica del 5 de febrero de 2026 confirmó daños permanentes en la estructura bucal de Ramírez. Tras buscar segundas opiniones, varios odontólogos coincidieron en que el daño es irreversible, lo que le ha generado dependencia de medicación constante y limitaciones incluso para realizar movimientos básicos como caminar o sonreír.

"Yo me sentía segura, porque para mí él era el médico", declaró Ramírez. "Incluso, en medio de la cirugía, nosotros interactuábamos. Yo le decía: ¿ya la sacó, doctor?".

El impacto emocional se extiende a su hija de ocho años, quien no comprende por qué su madre ya no sonríe como antes. "A la niña no sé qué decirle. Ella me dice: ‘¿te sanaste?’, y yo le digo que sí, porque no quiero preocuparla. Me hace la prueba, ríete, di A, no te has sanado, me dice"", manifestó la maestra con tristeza.

Los hermanos Almánzar fueron arrestados tras una orden judicial y acusados por el Ministerio Público de complicidad, operación sin exequátur y provocación de lesiones que pudieron causar la muerte. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega les impuso garantía económica: 75 mil pesos en efectivo para Franklin Almánzar y 20 mil pesos para su hermano, además de presentación periódica por seis meses.

El caso fue provisionalmente calificado como violación a los artículos 265, 266 y 285 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 92, 94, 156, 162, 164 y 166 de la Ley No. 42-01 sobre ejercicio ilegal de la profesión y intrusismo profesional.

Aunque las piezas dentales nunca fueron extraídas y las esperanzas de recuperación son nulas, Ramírez mantiene la esperanza de que se haga justicia. "Solo queda la sed de justicia en quienes mantienen la fe de que se cumpla con el debido proceso"", concluyó.