Madres denuncian fallas judiciales en casos de desaparición y asesinato en República Dominicana

Dos madres de República Dominicana denunciaron públicamente irregularidades en los procesos judiciales relacionados con la desaparición y asesinato de sus hijos, exigiendo investigaciones más profundas y respuestas claras por parte de las autoridades competentes.

Israelina Contreras, madre de Johanna Lisbeth Contreras, de 22 años, asegura que su hija desapareció el 10 de junio de 2026 y que, desde entonces, su familia desconoce su paradero. Según su testimonio, el presunto responsable, Gerson Sánchez Blanco, habría confesado el crimen antes de llegar al peaje de Las Américas, admitiendo haber matado a su hija y lanzado su cuerpo al mar.

Contreras cuestionó que el caso se trate como un homicidio simple, argumentando que las circunstancias denunciadas —feminicidio, asesinato y desaparición— ameritan una calificación jurídica más grave. “No entiendo por qué el expediente de él está como un homicidio si él cometió un feminicidio y un asesinato, y una desaparición, que no fue cualquier cosa”, expresó. Además, aseguró haber seguido el caso durante meses, acudiendo a medios e instituciones para exigir avances en la investigación.

Yohaira Martínez Martínez, madre de Nelfi Yohairo Cruz, asesinado en 2024 en el sector La 42 tras un presunto atraco, denunció que, aunque presentó la denuncia antes de las 48 horas posteriores al hecho, no fue convocada a la audiencia donde se conoció la medida de coerción contra el imputado. Afirma que el acusado fue detenido por la Policía y habría confesado su participación, pero solo recibió una medida de presentación periódica durante seis meses.

Martínez criticó la actuación del Ministerio Público, señalando que algunos fiscales no cumplen adecuadamente con su responsabilidad. “Los fiscales que no puedan trabajar o no quieran trabajar, que los saquen del Ministerio Público”, sostuvo. También aseguró conservar documentos relacionados con el proceso y estar dispuesta a presentarlos para respaldar sus denuncias.

Ambas madres coinciden en denunciar el manejo deficiente de los expedientes judiciales y exigen que las autoridades profundicen las investigaciones, esclarezcan los hechos y garanticen justicia. En el caso de Johanna Lisbeth, su madre insiste en conocer el paradero de su hija; en el de Nelfi Yohairo, exige que se establezcan responsabilidades por su asesinato.

Martínez además acusó a un diputado de presuntamente favorecer al imputado en el caso de su hijo, aunque este señalamiento corresponde exclusivamente a su versión y debe ser contrastado con el legislador antes de considerarse un hecho comprobado.

Las denuncias ponen nuevamente en evidencia el reclamo de familiares de víctimas que consideran que los procesos judiciales no han avanzado conforme a la gravedad de los hechos denunciados. Ambas mujeres insisten en que sus casos no deben quedar en el olvido y piden al Ministerio Público y otras autoridades competentes que actúen con diligencia para evitar que otras familias vivan situaciones similares.