Liberan a mujer que amenazó con rifle de aire a haitianos en Santo Domingo Este

Yenniffer María Rodríguez Pérez quedó en libertad este viernes tras ser detenida por amenazar con un rifle de aire a una pareja de nacionales haitianos en el sector Proyecto El Lago, municipio de San Antonio de Guerra, en Santo Domingo Este. La mujer fue arrestada después de que se difundiera un video en redes sociales donde se le observa portando el arma durante un conflicto por la quema de terrenos baldíos.

Según el abogado de la detenida, David Peña, la liberación se debió a que se demostró que el rifle utilizado es de aire y cuenta con toda la documentación legal al día, registrada a nombre del esposo de Rodríguez Pérez. El letrado enfatizó que no se configuró un delito penal, ya que el arma no es de fuego y su portación estaba debidamente autorizada.

Rodríguez Pérez declaró al salir de la Fiscalía de Santo Domingo Este que no se arrepiente de su accionar, afirmando: "No me tengo que arrepentir; no hice nada que fuera penal". Señaló que actuó tras meses de denuncias infructuosas por la quema de solares por parte de la pareja haitiana, la cual, según ella, generaba una humareda constante que afectaba su entorno y a la cual las autoridades no habían respondido.

"Estaba cansada de que nadie le hiciera caso a mis quejas", expresó la mujer, quien además hizo referencia a los años 1844 y 1937 de la historia dominicana, sin precisar si aludía a la independencia nacional o a la masacre haitiana de 1937.

El abogado denunció presuntas irregularidades en el procedimiento, indicando que su clienta fue detenida a las 3:00 p.m., pero su familia solo supo de su paradero a las 12:00 a.m. del día siguiente, y que permaneció en un destacamento policial hasta ser trasladada a la fiscalía horas después. "Realmente fue un abuso", afirmó Peña, añadiendo que "al que agreden es a quien someten y al que agredió está allá haciendo una fiesta de palos", en aparente referencia a los nacionales haitianos involucrados.

Las autoridades policiales confirmaron que el arma fue verificada y registrada legalmente, lo que influyó en la decisión de no continuar con la detención. El caso ha generado debate sobre el uso de la fuerza en conflictos vecinales, la respuesta estatal a denuncias ambientales y el trato a migrantes en situaciones de tensión comunitaria.