Ley Mirabal: Propuesta para una respuesta integral y coordinada contra la violencia de género

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Orgánica de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, conocido como Ley Mirabal, con el objetivo de transformar la respuesta estatal ante la violencia de género mediante un sistema coordinado y obligatorio para todas las instituciones involucradas.

La iniciativa busca evitar que las víctimas tengan que acudir a múltiples dependencias y repetir su relato en cada instancia, estableciendo un único punto de entrada y una ruta clara de actuación desde el primer contacto. Según expresó Reyes al presentar el proyecto: "Una mujer en peligro no debe encontrar muchas puertas, debe encontrar un solo Estado", subrayando que la responsabilidad de la coordinación recae en las instituciones, no en las víctimas.

El proyecto establece que el Ministerio de la Mujer será el encargado de coordinar el sistema integral, articulando la acción del Ministerio Público, la Policía Nacional, los servicios de salud, justicia y protección social. Cada entidad tendrá obligaciones definidas y deberá comunicar su seguimiento tras intervenir en un caso.

La respuesta ante una denuncia comenzará con una valoración inicial del peligro, realizada por la institución o persona que reciba el reporte, seguida de una evaluación especializada a cargo del Ministerio Público, que debe realizarse de inmediato sin retrasar las medidas urgentes. Esta evaluación considerará factores como amenazas de muerte, reiteración de agresiones, hostigamiento, acceso a armas, incumplimiento de órdenes de protección y separación acompañada de violencia o intimidación.

Cuando se identifiquen indicadores de riesgo, el Ministerio Público coordinará un plan individualizado de seguridad junto con el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional y otras instituciones competentes. En casos de riesgo grave, dicho plan debe elaborarse dentro de las 72 horas siguientes a la evaluación especializada y deberá incluir medidas de protección, contactos seguros, protocolo ante emergencias, responsabilidades institucionales y seguimiento, contemplando también las necesidades de hijos, hijas y personas dependientes.

Entre las medidas de protección establecidas por la ley se encuentran: restricciones de contacto, retención de armas de fuego, protección policial, suspensión de convivencia o visitas, uso temporal de la vivienda compartida, acompañamiento para retirar pertenencias, acceso a casas de acogida, atención médica y psicológica, planes individualizados de seguridad, protección de menores afectados y la posibilidad de ordenar la retirada o bloqueo de contenido digital ilícito en un plazo de 24 horas.

La Ley Mirabal amplía el marco institucional para incluir formas de violencia previamente no contempladas, como la violencia digital, que abarca acoso, amenazas, vigilancia, suplantación de identidad, acceso no autorizado a cuentas o datos y extorsión mediante medios tecnológicos.

El proyecto fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y representa un esfuerzo por institucionalizar una respuesta eficaz, oportuna y centrada en la seguridad y derechos de las mujeres, niñas y personas en situación de violencia.