Ley 30-26: Crecimiento económico y desafíos del gasto público en República Dominicana

La Ley 30-26, promulgada el 18 de junio de 2026, busca impulsar el crecimiento económico sostenible mediante medidas pro-crecimiento, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional. Según la Presidencia de la República Dominicana, su objetivo declarado es mejorar el cumplimiento tributario, fortalecer la disciplina fiscal y crear condiciones más favorables para la inversión y la generación de empleos.

Sin embargo, el análisis de esta legislación debe ir más allá de sus modificaciones tributarias. Una reforma fiscal adquiere verdadera relevancia cuando se evalúa junto con el comportamiento del gasto público, la inversión estatal, la nómina, el pago de intereses y la trayectoria de la deuda. Como señala el texto, recaudar mejor es indispensable, pero gastar mejor es igualmente importante para garantizar que los mayores ingresos se traduzcan en mejores servicios públicos, infraestructura y productividad.

Modificaciones tributarias clave de la Ley 30-26

La ley modifica diversas disposiciones del Código Tributario y otras normas fiscales. Entre sus objetivos figura aumentar la presión tributaria de largo plazo mediante reglas más sencillas y previsibles. También introduce cambios para facilitar el cumplimiento y mejorar la competitividad. Un ejemplo concreto es la reducción de la retención del ISR del 27% al 15% aplicable a ciertos pagos de empresas dominicanas a proveedores no residentes por licencias de software, regalías, derechos de autor, publicidad digital y servicios de almacenamiento en la nube.

Evolución del gasto público y desafíos estructurales

El presupuesto del Gobierno Central ha mostrado una expansión significativa en los últimos años. Pasó de aproximadamente RD$1.25 billones en gastos aprobados en 2023 a RD$1.42 billones en 2024, con una proyección de RD$1.623 billones para 2026, según datos de DIGEPRES.

Un aspecto estructural relevante es que el gasto corriente domina ampliamente el presupuesto. En 2026, DIGEPRES proyecta un gasto corriente de RD$1,407,548.7 millones, equivalente al 86.7% del gasto total, frente a RD$215,284.7 millones de gasto de capital. Dentro del gasto corriente, las remuneraciones, transferencias e intereses de la deuda son componentes particularmente relevantes.

Aunque el gasto corriente incluye funciones esenciales como educación, salud, seguridad y protección social, el desafío radica en evitar que el crecimiento de estas obligaciones rígidas desplace sistemáticamente la inversión pública necesaria para ampliar la capacidad productiva de la economía.

El papel del gasto de capital en el crecimiento económico

El gasto de capital representa la parte del presupuesto con mayor potencial para ampliar la infraestructura y la capacidad productiva: carreteras, acueductos, hospitales, escuelas, transporte, infraestructura energética y vivienda. En 2022, por ejemplo, el Gobierno Central ejecutó RD$159,884 millones en gasto de capital, equivalente al 13.6% del gasto total.

Esta distribución plantea una pregunta crítica: ¿cuánto de cada peso adicional recaudado mediante una reforma fiscal terminará financiando inversión productiva y cuánto será absorbido por compromisos corrientes? La respuesta es especialmente relevante frente a necesidades simultáneas de infraestructura, presión sobre el sistema eléctrico, déficit de transporte colectivo, demanda de agua potable y saneamiento, construcción de viviendas y mayores requerimientos en salud y educación.

Por tanto, la evaluación de la Ley 30-26 no debe limitarse a los pesos adicionales que pueda recaudar, sino también al destino económico y social de esos recursos, considerando si contribuyen efectivamente al crecimiento potencial o se absorben principalmente en gastos permanentes que limitan su impacto en el desarrollo a largo plazo.