Langa y Montero: dos perfiles en disputa por presidir la Suprema Corte

Fernando Langa Ferreira y Justiniano Montero Montero son los dos candidatos cuyas perfiles dominan el debate sobre quién debería presidir la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, tras la reciente confirmación de cinco magistrados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Mientras que Justiniano Montero representa la continuidad desde dentro de la carrera judicial, Fernando Langa ofrece una trayectoria de más de tres décadas en el ejercicio privado, con destacada participación en instituciones académicas, empresariales, religiosas y sociales. Ambos perfiles son considerados válidos bajo el marco constitucional, que no exige que el presidente de la Suprema provenga necesariamente de la carrera judicial.

El CNM ya confirmó como jueces de la Suprema Corte a Fran Soto, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, Rafael Vásquez Goico y Justiniano Montero, para un nuevo período de siete años. Con ello, quedan seis vacantes por cubrir, entre ellas la presidencia del tribunal.

La candidatura de Fernando Langa Ferreira fue formalizada ante el CNM el 15 de septiembre. Su expediente indica que ejerce en Langa & Asociados desde 1996, con enfoque en derecho civil, comercial, corporativo y administrativo. Un dato relevante es que alrededor del 28 % de los procesos judiciales en los que ha participado como abogado llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia.

A favor de Justiniano Montero, se argumenta que su trayectoria garantiza conocimiento profundo del funcionamiento interno del Poder Judicial, sus tribunales y su cultura institucional. Su postulación se basa en la idea de que la presidencia debería permanecer en manos de un juez de carrera, garantizando continuidad y experiencia acumulada dentro del sistema.

No obstante, la Constitución dominicana establece explícitamente que no es requisito indispensable que el presidente de la Suprema Corte provenga de la carrera judicial. Al regular la composición del tribunal, la Carta Magna preserva un espacio para juristas externos (equivalente a un tercio de los miembros), con el objetivo de incorporar visión gerencial y experiencia externa, dada la carga administrativa que implica presidir el alto tribunal.

Por lo tanto, la discusión entre Langa y Montero no puede reducirse a una oposición entre ‘juez de carrera’ y ‘abogado privado’, sino que refleja la aplicación del modelo plural contemplado por la Constitución, que valora tanto la experiencia interna como la externa en la justicia dominicana.

La candidatura de Fernando Langa ha recibido respaldos públicos de instituciones como la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la Universidad APEC y el Arzobispado de Santo Domingo, que destacan su experiencia profesional, formación académica, conducta ética y participación cívica. Asimismo, juristas reconocidos como Milton Ray Guevara y Olivo Rodríguez Huertas han expresado su apoyo públicamente.

Langa también ha tenido una activa vida institucional: fue miembro y director del Consejo de Directores de APEC, actualmente integra su Consejo de Pasados Directores, es asesor jurídico del Arzobispado de Santo Domingo y forma parte de su Consejo Económico. Además, dirige el Movimiento de Cursillos de Cristiandad Casa San Pablo, es miembro del Consejo de Directores del Banco de Alimentos de Santo Domingo y director de la Fundación Catedral Primada de América.

Algunos cercanos al presidente Luis Abinader han promovido la candidatura de Montero y han cuestionado a Langa por una supuesta relación profesional con un familiar del mandatario. Sin embargo, esto ha generado un debate institucional sobre si dicha relación, por sí misma, constituye un impedimento para un jurista, en ausencia de evidencia de conflicto de interés, dependencia o falta de independencia.

El debate permanece abierto, y la decisión final del CNM tendrá implicaciones significativas no solo para la conducción de la Suprema Corte, sino también para el equilibrio entre tradición judicial y apertura a perfiles externos en el sistema de justicia dominicano.