Keiko Fujimori impulsa militarización de la seguridad en Perú ante aumento del crimen organizado

La llegada de Keiko Fujimori a la presidencia de Perú marca un giro en las prioridades de seguridad nacional, colocando la lucha contra la delincuencia en el centro de su agenda de gobierno. Su decisión de desplegar a las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno responde a una creciente percepción de inseguridad que ha desplazado otros debates nacionales, como el económico o el social.

El enfoque de Fujimori se enmarca en una tendencia regional conocida como "militarización para la seguridad", observada en países como El Salvador, Ecuador, Chile y Colombia. En estos casos, los gobiernos han recurrido al uso de las fuerzas militares para enfrentar organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, especialmente aquellas vinculadas al narcotráfico, la extorsión y las economías ilegales.

En Perú, el anuncio de estados de emergencia prolongados y la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en zonas críticas evocan medidas ya aplicadas durante la administración de su padre, Alberto Fujimori, en la década de 1990. Entonces, el Estado utilizó regímenes de excepción para combatir al terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, logrando debilitar a esos grupos pero a un alto costo en derechos humanos, según documentó la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

La actual propuesta de Keiko Fujimori incluye la ampliación de los estados de emergencia, la construcción de centros penitenciarios de máxima seguridad y reformas legales para endurecer el combate contra el crimen organizado. Estos elementos replican una narrativa que ha ganado fuerza en América Latina: cuando las instituciones civiles parecen desbordadas, el Estado recurre al componente militar para recuperar el control territorial.

El caso más citado en la región es el de El Salvador bajo Nayib Bukele, cuyo régimen de excepción, iniciado en marzo de 2022, logró una reducción significativa de los homicidios mediante detenciones masivas y la suspensión de ciertas garantías procesales. Este modelo ha influido en el debate público peruano, aunque su aplicabilidad genera divisiones entre expertos, organismos internacionales y sectores de la población.

Sin embargo, la experiencia histórica de Perú con el militarismo en la seguridad añade complejidad al debate. Durante los años 90, los estados de excepción se prolongaron y se convirtieron en una herramienta habitual de gobierno, lo que resultó en violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Este legado pesa en la evaluación actual de cualquier medida que implique un mayor rol militar en la vida civil.

El triunfo electoral de Keiko Fujimori, definido por un margen muy estrecho de votos, no solo refleja el respaldo a su propuesta de seguridad, sino también el peso simbólico de su apellido en la política peruana. Su retorno al poder se interpreta por muchos como una continuidad, aunque ahora enfocada en el crimen organizado en lugar del terrorismo insurgente de décadas pasadas.