Juristas exigen investigación independiente por muertes de 47 jóvenes en operativos policiales

Un grupo de siete abogados dominicanos presentó una instancia legal ante la Procuraduría General de la República (PGR) solicitando una investigación inmediata e independiente sobre las muertes de 47 jóvenes y adolescentes ocurridas durante operativos policiales entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre de este año.

Los juristas Carlos Balcácer, Cándido Simón, Enrique Vallejo Garib, Guarionex Ven, Ibo René Sánchez, Manuel Sierra y Valentín Medrano exigen que se designe un equipo fiscal independiente para esclarecer las circunstancias de estos decesos, los cuales, según denuncian, han sido presentados como "intercambios de disparos" sin evidencia suficiente que respalde dicha versión.

En su escrito, los abogados señalan que durante los 42 días previos al cambio de mando en la Policía Nacional se registraron un máximo de 14 muertes, mientras que en los primeros 42 días de la nueva gestión, liderada por el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, la cifra ascendió a 47 fallecidos, lo que representa un promedio de más de una muerte por día.

Los juristas cuestionan que estas muertes sean catalogadas como actuaciones legales sin una investigación previa que incluya análisis de autopsias, pruebas balísticas, grabaciones de cámaras corporales, actas procesales y testimonios de testigos y familiares. Además, acusan a algunos fiscales de potencialmente encubrir los hechos al levantar actas que intentan justificar supuestas "legítimas defensas falsas", lo que podría configurar coautoría o complicidad.

Como medida cautelar, solicitan la separación temporal de funciones del director de la Policía Nacional, de los agentes del DICRIN y de los fiscales involucrados en los casos, mientras dure la investigación. También piden que se examine el alcance jurídico de las declaraciones atribuidas al director policial sobre la denominada "posición 29", para determinar si existe responsabilidad penal.

El grupo de abogados advierte que, si la PGR no asume la investigación mediante sus órganos competentes para determinar responsabilidades penales por lo que califican como "ejecuciones sumarias", se reservan el derecho de acudir ante instancias nacionales e internacionales.

Los juristas ofrecieron estos detalles en una rueda de prensa realizada después de depositar formalmente la instancia legal ante el órgano de persecución.