Juicio por el 11-S se pospone hasta 2028 tras años de retrasos en Guantánamo

Veinticinco años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el presunto cerebro del ataque, Jalid Sheij Mohamed, junto a tres acusados más, sigue a la espera de un juicio que se prevé inicie el 5 de junio de 2028 ante las comisiones militares de Guantánamo. El caso, que involucra también a Ammar al Baluchi, Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi, ha permanecido estancado durante más de una década en su fase preliminar, pese a múltiples intentos de reactivación.

Los cuatro imputados están acusados de planificar y ejecutar los ataques que causaron la muerte de 2.977 personas en Nueva York, Washington D.C. y Pensilvania, los peores actos de terrorismo en la historia de Estados Unidos. Sheij Mohamed, quien habría propuesto la idea a Osama bin Laden y supervisado su ejecución, enfrenta la posibilidad de la pena de muerte, al igual que sus coacusados.

Historial procesal y condiciones de detención

Los acusados han estado recluidos en instalaciones de máxima seguridad en la base naval de Guantánamo tras pasar años en cárceles clandestinas de la CIA, donde fueron sometidos a técnicas de interrogatorio ampliamente consideradas como tortura, entre ellas el waterboarding o ahogamiento simulado. Actualmente, quedan 15 prisioneros en Guantánamo de los aproximadamente 780 que fueron retenidos allí tras los atentados, muchos considerados de alto riesgo o en situación legal indefinida.

El caso fue inicialmente presentado ante una comisión militar en 2008, pero fue suspendido y reformulado en 2012 bajo nuevas normas. En julio de 2024, Sheij Mohamed y otros dos acusados llegaron a un acuerdo de culpabilidad con fiscales militares a cambio de evitar la pena de muerte mediante cadenas perpetuas; sin embargo, dicho acuerdo finalmente fracasó, dejando el proceso sin resolución.

Factores que han generado demoras

Desde su reinicio, el juicio ha enfrentado numerosos obstáculos: dificultades logísticas por la lejanía de Guantánamo respecto al territorio continental estadounidense, denuncias de interceptaciones a la defensa, debates sobre la admisibilidad de confesiones obtenidas bajo tortura y la necesidad de proteger información clasificada. Además, han surgido retrasos por problemas técnicos y por los estrictos protocolos para evitar la revelación de identidades sensibles.

En agosto de 2023, un juez militar separó a un quinto acusado, Ramzi bin al Shibh, del caso principal tras determinar que sufría de incapacidad mental para ser juzgado. Esta decisión redujo el número de acusados en el proceso principal a cuatro.

El juez militar Michael Schrama, quinto magistrado asignado al caso desde 2012, estableció en agosto de 2024 que el juicio comenzaría el 5 de junio de 2028, descartando como poco realista la propuesta inicial de la fiscalía de iniciar en enero de 2027. Schrama enfatizó que aún deben resolverse numerosas cuestiones previas y que el cumplimiento de los plazos dependerá del tribunal, por lo que expertos advierten que nuevas demoras son posibles.

El prolongado estancamiento ha generado frustración entre sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes han exigido que se haga justicia y han criticado la lentitud del proceso, señalando que el juicio debería haberse celebrado en tribunales civiles de Nueva York o Washington D.C., como solicitaron en entrevistas con la agencia EFE.