Juicio por corrupción contra Hugo Beras y Jochi Gómez inicia el 3 de septiembre

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional confirmó que el juicio por corrupción administrativa contra el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), comenzará el próximo 3 de septiembre a las 9:00 de la mañana, tras rechazar los recursos de las defensas que buscaban reposición de plazos.

El tribunal, integrado por las juezas Arlín Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, mantuvo su decisión inicial pese a los intentos de las defensas por dilatar el proceso, argumentando cambios en la representación legal de algunos imputados y la ausencia de abogado en uno de los casos.

El Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, llegó preparado para iniciar el juicio y aseguró que presentará sus alegatos de apertura y comenzará a ofrecer prueba testimonial y documental desde la primera audiencia.

"En el día de hoy el Ministerio Público vino listo para conocer la audiencia que se sigue contra Hugo Beras, José Gómez Canaán y compañeros; sin embargo, como a veces pasa, o ya muy comúnmente, las defensas tenían otro plan", sostuvo Pérez Fulcar.

El fiscal aclaró que las órdenes de conducencia emitidas corresponden exclusivamente a testigos solicitados por las defensas, mientras que el Ministerio Público presentará sus propios testigos en el orden establecido en el depósito de pruebas.

Los imputados fueron enviados a juicio en junio por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en un caso que involucra a exfuncionarios del Intrant, particulares y varias empresas vinculadas a un presunto esquema de corrupción administrativa.

Según la acusación, la estructura investigada habría utilizado sociedades interpuestas, prestanombres y documentos falsos para manipular un proceso de contratación pública y obtener la adjudicación irregular de un contrato valorado en RD$1,317,350,997.

Además de Beras y Gómez Canaán, figuran entre los acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

El Ministerio Público sostiene que los hechos constituyen un esquema de corrupción administrativa en el que participaron funcionarios públicos, exservidores estatales y particulares, mediante la supuesta creación de una red para beneficiarse de contratos estatales mediante prácticas fraudulentas.