Juicio contra oficial del Ejército dominicano por violencia de género y trata de persona

El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís conocerá este viernes el juicio de fondo contra el teniente Orlando Ramírez Medina, oficial del Ejército dominicano acusado de violencia de género y trata de personas agravada en perjuicio de una mujer venezolana. El caso, que ha generado preocupación en organizaciones internacionales de derechos humanos, se remonta a denuncias presentadas en 2022.

Según la acusación del Ministerio Público, Ramírez Medina convenció a Mildred Alexandra Rivas Felizola, mediante redes sociales, para viajar a la República Dominicana junto a su hijo menor de edad, prometiendo empleo y mejores condiciones de vida. Una vez en el país, le retuvo su pasaporte, la sometió a control constante de sus movimientos y comunicaciones, y la explotó laboral y sexualmente.

La víctima fue objeto de agresiones físicas repetidas, incluyendo golpes que le provocaron heridas contusas, múltiples traumas en el cráneo, piernas y tórax, abrasiones en brazos y piernas, y pérdida de uñas en las manos, según informe del médico legista. En varias ocasiones, fue encerrada en el apartamento donde residía con su hijo.

Peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) determinaron que, como consecuencia de los maltratos físicos y psicológicos, Rivas Felizola padecía de ansiedad, insomnio y depresión grave, entre otros síntomas derivados del abuso sostenido.

El oficial enfrenta cargos por violación de los artículos 309, numerales 1, 2 y 3 (literales B, D, E y F) del Código Penal, así como por la vulneración de los artículos 1 (literal A), 3 y 7 (literales B y F) de la Ley 137-03 sobre trata de personas. De ser condenado, podría recibir una pena de hasta 20 años de prisión, considerando su condición de militar y la gravedad de los delitos imputados.

El conocimiento del juicio fue pospuesto en varias ocasiones debido a la carga de trabajo del tribunal y aplazamientos procesales, ninguno atribuible a la víctima. En el mes anterior, el tribunal colegiado se inhibió de conocer el fondo del caso, por lo que otros jueces fueron designados para llevar adelante el proceso.

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han expresado preocupación por el poder económico e influencia que el acusado mantiene en las instancias judiciales de San Pedro de Macorís, lo que, según denuncian, podría afectar la impartición de justicia en un caso que involucra a una mujer migrante en situación de vulnerabilidad.