Juezas evalúan extinción de acción penal en caso Medusa por presunta violación de plazos

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidirán este miércoles si acogen o rechazan la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en el caso Medusa.

El pedimento, presentado por el equipo legal liderado por el abogado Carlos Balcarce, se basa en el argumento de que el proceso judicial ha superado los cinco años de duración, excediendo así el plazo máximo de cuatro años establecido por el Código Procesal Penal Dominicano para la conclusión de los procesos penales.

En contraste, los representantes del Ministerio Público solicitaron al tribunal rechazar el pedido, alegando que los retrasos en el proceso han sido provocados por las propias acciones dilatorias de la defensa de Rodríguez, quien ha presentado múltiples incidentes desde julio de 2021 con el objetivo de detener o dilatar el juicio.

El caso Medusa, iniciado en 2021 por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), investiga un presunto desfalco superior a RD$6,000 millones en perjuicio del Estado dominicano, vinculado a supuestos fraudes en el Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Rodríguez entre 2016 y 2020.

Además de Jean Alain Rodríguez, el expediente original incluía 63 imputados: 41 personas físicas y 22 empresas. De estos, 25 alcanzaron acuerdos con el Ministerio Público durante la fase preliminar, mientras que los restantes, incluido Rodríguez, fueron enviados a juicio de fondo.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Claribel Nivar Arias, había reservado su fallo sobre este incidente para este miércoles, tras una serie de presentaciones de incidentes por parte de la defensa que comenzaron el 16 de febrero y fueron parcialmente rechazados el 27 de julio.

La PEPCA acusa a Rodríguez de múltiples actos de corrupción, incluyendo presuntos fraudes, soborno y lavado de activos, lo que lo posiciona como una de las figuras más destacadas en uno de los casos de corrupción administrativa más grandes investigados en la República Dominicana en los últimos años.