Jueza suspende fin de programa de reunificación familiar para migrantes

Una jueza federal de Massachusetts ha emitido una orden judicial que suspende temporalmente la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de terminar con los programas de reunificación familiar para nacionales de siete países. La medida, anunciada por el DHS en diciembre, afectaría a un estimado de entre 10,000 y 15,000 migrantes que actualmente se benefician de estas protecciones.

Orden judicial de emergencia

La jueza Indira Talwani, de la Corte de Distrito de Massachusetts, concedió una moción de emergencia presentada por abogados de los migrantes afectados. El fallo, emitido el sábado y difundido este domingo, establece una orden de restricción temporal de 14 días contra la implementación de las nuevas medidas del DHS. En su sentencia, Talwani señaló que "los demandantes han demostrado daño irreparable" y que el balance de intereses justifica la medida cautelar.

La orden judicial ocurre exactamente un mes después de que el DHS anunciara el fin del programa 'Family Reunification Parole' (FRP) para ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. Sin esta protección, los migrantes amparados por el programa se enfrentaban a la posibilidad de tener que abandonar Estados Unidos a mediados de enero si carecían de otra alternativa legal para permanecer en el país.

"Los demandantes han demostrado daño irreparable para los propósitos de una orden de emergencia temporal. Al balancear el interés de las partes, la corte encuentra que una orden de emergencia está garantizada", indicó la sentencia de la jueza Indira Talwani.

Impacto en miles de familias

El programa FRP, implementado durante la administración del presidente Joe Biden, ha permitido a migrantes de los siete países mencionados reunirse con sus familias en Estados Unidos mientras esperan la resolución de sus visados o completan sus procesos migratorios. Abogados defensores han advertido que la terminación abrupta del programa causaría graves perjuicios a las familias beneficiarias, incluyendo a niños, ya que la mayoría perdería su estatus legal y se vería forzada a separarse de sus parientes en territorio estadounidense.

Por su parte, el gobierno del presidente Donald Trump ha argumentado que estos programas se utilizaron de manera indebida, alegando que personas con verificación limitada eludieron el proceso tradicional para obtener protección migratoria. La administración sostiene que la medida busca restablecer los controles migratorios regulares.

Como parte del proceso legal, la jueza Talwani ha exigido al Departamento de Seguridad Nacional que presente documentos administrativos a más tardar el martes para defender su postura y preparar una eventual apelación contra el fallo. Los próximos días serán cruciales para determinar el futuro inmediato de miles de familias migrantes que dependen de este programa humanitario.