Jueza federal mantiene suspensión del TPS para haitianos, pero se espera su levantamiento inminente

La jueza federal Ana C. Reyes mantiene actualmente la suspensión que bloquea la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 haitianos en Estados Unidos, aunque se espera que dicha suspensión se levante pronto tras recibir el mandato oficial de la Corte Suprema.

El pasado 25 de junio, la Corte Suprema falló por seis votos a tres a favor de la Administración Trump, permitiendo avanzar con la terminación del TPS para los beneficiarios haitianos. El mandato fue enviado el lunes a la corte federal de apelaciones de Washington D.C. antes de ser remitido a la jueza Reyes, quien deberá levantar la suspensión una vez recibida la orden oficial.

Una vez que la jueza levante la suspensión, la decisión de terminar el TPS entrará formalmente en vigor, lo que significará que los beneficiarios perderán la protección contra la deportación y sus autorizaciones de trabajo, ya vencidas, quedarán sin efecto.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó el lunes como si el TPS ya hubiera terminado, publicando en la red social X un mensaje dirigido a los haitianos en el que afirmaba que su "prueba gratuita de Estados Unidos ha terminado" y les ofrecía dos opciones: "Salga ahora" o "Espere la deportación", dirigiéndolos a la página de la agencia para obtener información sobre la salida del país.

La incertidumbre mantiene en alerta a la comunidad haitiana, particularmente en el sur de Florida, donde muchos inmigrantes temen que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensifique las detenciones y deportaciones hacia Haití, un país que enfrenta una grave crisis marcada por la violencia de pandillas, inestabilidad política, pobreza extrema y problemas de acceso a alimentos.

Los abogados que representan a los inmigrantes haitianos que presentaron la demanda original contra la Administración Trump informaron que aún están evaluando las consecuencias del fallo de la Corte Suprema y que presentarán sus argumentos ante la jueza Reyes antes del 31 de julio, considerando una posible demanda modificada.

Aunque la Corte Suprema determinó que las decisiones del Poder Ejecutivo sobre la política de TPS no están sujetas a revisión judicial, dejó abierta una vía limitada para que los haitianos continúen cuestionando la decisión del Gobierno bajo un argumento constitucional, alegando que la cancelación del TPS estuvo motivada por discriminación racial y violó la Cláusula de Igual Protección de la Constitución.

Haití recibió por primera vez la designación de TPS en 2010, tras el devastador terremoto que causó más de 300,000 muertes y desplazó a aproximadamente 1.5 millones de personas. Desde entonces, el deterioro continuo de las condiciones en el país ha llevado a extensiones repetidas del programa.

Ante el inminente final del TPS, algunos defensores han intentado convencer a la Administración Trump de establecer protecciones contra la deportación mediante un mecanismo conocido como Departure Enforced Diferida (DED), similar al utilizado anteriormente para liberianos.