Jueza autoriza que jurado escuche confesión de dominicana acusada de ahogar a su hijo autista en Miami

Una jueza de Miami ha autorizado que el jurado escuche la confesión grabada de Patricia Ripley, ciudadana dominicana acusada de ahogar a su hijo autista de 9 años en agosto de 2020. La decisión, tomada recientemente, permite que se reproduzca en el juicio la declaración que la acusada brindó a las autoridades tras su arresto, en la que admite haber sumergido al niño en un canal de agua.

El caso, que ha generado amplia atención mediática, se remonta al 3 de agosto de 2020, cuando el cuerpo del menor, identificado como Alejandro Ripley, fue encontrado flotando en un canal cerca de su hogar en el suroeste de Miami-Dade. Las investigaciones iniciales apuntaron a un posible secuestro, pero las evidencias recogidas, incluyendo grabaciones de videovigilancia y testimonios, llevaron a enfocar la pesquisa en la madre como principal sospechosa.

Patricia Ripley fue arrestada poco después del hallazgo y, tras ser interrogada, proporcionó una confesión en la que describió cómo llevó a su hijo al canal bajo el pretexto de buscar tortugas y luego lo empujó al agua. Según los fiscales, el acto fue premeditado y motivado por factores aún bajo evaluación psicológica y psiquiátrica.

El juicio contra Ripley ha sido reprogramado varias veces desde su arresto. Inicialmente fijado para febrero de 2022, fue pospuesto debido a evaluaciones de competencia mental y posteriormente reprogramado para marzo de 2026, según confirmó la oficina del fiscal del condado de Miami-Dade. Las partes han debatido entre buscar una pena de muerte o llegar a un acuerdo de culpabilidad que implique cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Los antecedentes médicos y educativos del niño han sido un punto central en el proceso. Alejandro tenía diagnóstico de trastorno del espectro autista y requería apoyo especializado, lo que ha generado debate sobre los servicios de apoyo disponibles para familias con hijos con discapacidades en situación de vulnerabilidad.

El proceso legal continúa bajo estricto seguimiento por parte de organizaciones de derechos de personas con discapacidad y grupos comunitarios dominicanos en el sur de la Florida, que han llamado a una mayor atención a la salud mental materna y al apoyo familiar en casos de discapacidad infantil.