Jueza aplaza caso Camaleón al 22 de septiembre y amonesta a la Defensa Pública por desacato

La jueza Aylin Ventura, del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, aplazó la audiencia del caso Camaleón para el próximo 22 de septiembre tras advertir a la Oficina Nacional de la Defensoría Pública por presunto desacato, luego de que esta entidad no cumpliera con la orden de asignar un defensor a la empresa imputada Prosoli.

El aplazamiento se debió, principalmente, al cambio de abogado de uno de los imputados, lo que impidió que estuviera listo para el proceso. Sin embargo, la magistrada también intimó a la Defensa Pública por no atender el requerimiento judicial de presentar representación legal para la empresa vinculada al caso.

Según explicó Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), el desacato se configura cuando se incumple una decisión emanada de un tribunal, tal como ocurrió con la omisión de la Defensoría Pública. Ortiz aclaró que el Ministerio Público solo ha emitido una advertencia para que la entidad corrija su actuación y cumpla con la orden de designar un defensor público.

El caso Camaleón involucra a altos funcionarios del Intrant y a varias empresas acusadas de desviar fondos públicos y lavado de activos. Entre los imputados figuran Hugo Beras, exdirector del Intrant, y José Ángel Gómez Canaan (Jochi Gómez), junto con otros exfuncionarios como Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda y Frank Rafael Atilano Díaz Warden.

Las empresas mencionadas en la acusación incluyen Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L., las cuales, según el Ministerio Público, habrían sido utilizadas para canalizar recursos estatales de manera ilícita y ejecutar operaciones que vulneran la transparencia y la legalidad administrativa.

Ortiz añadió que el proceso de desacato debe seguirse ante otro tribunal, ya que el Tercer Tribunal Colegiado no tiene competencia para conocer ese asunto. No obstante, expresó la esperanza de que la Defensoría Pública cumpla con la orden sin necesidad de activar medidas legales adicionales.

Se espera que, para la audiencia del 22 de septiembre, los imputados ya hayan regularizado su situación legal y se pueda iniciar la lectura de la acusación, paso fundamental para avanzar en el juicio de fondo.