Juez sustituye prisión preventiva por arresto domiciliario a imputada en caso SeNaSa

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional modificó la medida de coerción contra Ada Ledesma Uniera, imputada en el caso Cobra, sustituyendo la prisión preventiva por arresto domiciliario. La decisión fue tomada por el juez Deibi Peguero tras acoger una solicitud de revisión presentada por la defensa, quien argumentó que variaron los presupuestos que originalmente justificaron la prisión preventiva al inicio del proceso.

Además del arresto domiciliario, el magistrado impuso a Ledesma Uniera un conjunto de restricciones: impedimento de salida del país, presentación periódica ante las autoridades, el pago de una garantía económica de RD$20 millones mediante una empresa aseguradora y la colocación de un grillete electrónico. Estas medidas buscan garantizar su comparecencia al proceso mientras se evita el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

La imputada forma parte de un grupo de exfuncionarios de SeNaSa vinculados al desfalco presunto de más de RD$15 mil millones. Junto a ella, fueron inicialmente enviados a prisión preventiva por 18 meses: Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exgerente jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Salud; y Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino de Hazim y fundador de MyCare.

El Ministerio Público acusa a los involucrados en el caso Cobra de múltiples delitos, incluyendo desfalco, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, corrupción administrativarupción administrativa, lavado de activos, prevaricación y otras infracciones penales. Según el expediente, la red de corrupción administrativa desmantelada mediante la Operación Cobra habría desviado miles de millones de pesos para el enriquecimiento ilícito de sus miembros, afectando directamente los servicios de salud que SeNaSa brinda a la población.

Mientras que a otros implicados se les aplicaron medidas de coerción menos gravosas, Ledesma Uniera es la primera en obtener una modificación significativa de su situación procesal. El próximo 30 de julio está fijada la revisión obligatoria de la medida de coerción para todos los imputados del caso Cobra ante el mismo juzgado. En su caso, dicha revisión podría quedar sin efecto debido a la reciente variación, mientras que para los restantes imputados que permanecen en prisión preventiva sí será evaluada por el tribunal.