Juez libera a cubano que secuestró avión en 2003 mientras espera deportación

Un juez federal de Florida ha ordenado la liberación bajo supervisión de Miakel Guerra Morales, ciudadano cubano que en 2003 secuestró un avión de pasajeros que volaba entre Cuba y Florida, mientras continúa el proceso de su deportación. La decisión, tomada el pasado 8 de julio por el juez John E. Steele, ha generado críticas por parte de funcionarios del gobierno republicano y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Guerra Morales cumplió aproximadamente 20 años de prisión por los delitos de piratería aérea y conspiración para interferir con la tripulación de un vuelo, tras abordar un avión el 19 de marzo de 2003 en Nueva Gerona, Cuba. Durante el incidente, agredió a varios miembros de la tripulación y obligó al piloto a desviar el vuelo hacia Key West, Florida, donde fue arrestado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Tras ser detenido nuevamente por agentes del ICE en diciembre de 2025, Guerra Morales permaneció bajo custodia migratoria durante siete meses antes de que el juez Steele ordenara su liberación bajo supervisión. El magistrado, designado por el expresidente Bill Clinton, argumentó que el tiempo de detención migratoria había sido excesivo, lo que motivó su decisión.

La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, calificó al juez de "activista" y criticó la resolución como un intento de frustrar las políticas migratorias del expresidente Donald Trump. "Este es otro ejemplo más de un juez activista que intenta frustrar el mandato del pueblo estadounidense de expulsar a inmigrantes ilegales con antecedentes penales", declaró Bis, añadiendo que el DHS continuará luchando por la detención y expulsión de personas en situación irregular con antecedentes criminales.

Según documentos judiciales y el ICE, Guerra Morales podría ser deportado a Cuba, aunque inicialmente se había considerado su envío a México. Actualmente se cree que reside en Miami bajo supervisión, mientras continúan los procedimientos administrativos para su deportación final. El caso ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre los derechos migratorios y la seguridad nacional en Estados Unidos.