Juez inicia revisión de medida de coerción para imputados del Caso Cobra por desfalco de RD$15 mil millones

El juez Deiby Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, inició este miércoles el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y a otros imputados en el Caso Cobra, quienes son acusados de un presunto desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio de la institución de salud.

Además de Hazim, figuran como imputados en esta revisión Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes actualmente cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y solicitan que dicha medida sea variada por una menos gravosa, argumentando circunstancias personales y procesales.

Los imputados enfrentan una amplia gama de cargos vinculados a la presunta estructura criminal investigada, incluyendo coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos, así como lavado de activos, todos ellos tipificados como delitos en el marco de la Ley de Función Pública y el Código Penal Dominicano.

El caso también involucra a otras cuatro personas identificadas como parte de la red presuntamente criminal: Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes actualmente cumplen arresto domiciliario como medida de coerción, tras ser vinculadas al mismo expediente por su presunta participación en los hechos bajo investigación.

La medida de coerción original fue impuesta en diciembre de 2025 por el mismo juzgado, tras una serie de allanamientos y declaraciones que dieron inicio a la fase instruccional del Caso Cobra, considerado uno de los más complejos en materia de corrupción administrativa en la reciente historia del país.

La revisión de medidas de coerción es un procedimiento constitucionalmente garantizado que permite al juez evaluar si persisten los peligros procesales que justificaron la privación de libertad o si existen condiciones para sustituirla por una alternativa menos gravosa, siempre bajo el principio de proporcionalidad y respeto al debido proceso.