Juez de EE.UU. ordena a Maduro y funcionarios chavistas pagar $314 millones por secuestros

Un juez federal del Distrito Sur de Florida condenó al expresidente venezolano Nicolás Maduro, al ministro de Interior Diosdado Cabello, al ministro de Defensa Vladimir Padrino López y al exfiscal general Tarek William Saab al pago de 314 millones de dólares en indemnizaciones a tres ciudadanos estadounidenses víctimas de secuestro y tortura en Venezuela.

La sentencia, emitida el 15 de julio por el juez Darrin P. Gayles, también incluye al empresario colombiano Alex Saab, al exmagistrado Maikel José Moreno Pérez, al exministro de Interior y Justicia Néstor Luis Reverol Torres y al denominado Cártel de los Soles, tras no responder a la demanda civil presentada por las víctimas.

Jerrel Kenemore, Jason Saady y Edgar Marval fueron los beneficiarios del fallo, tras permanecer detenidos en Venezuela hasta diciembre de 2023, cuando fueron liberados en el marco de un acuerdo entre las administraciones de Joe Biden y el gobierno de Nicolás Maduro.

El fallo se dictó mediante sentencia en rebeldía, mecanismo aplicable cuando los demandados no comparecen ni contestan la demanda. Antes de resolver, el juez examinó las pruebas y concluyó que existían fundamentos jurídicos suficientes para respaldar la reclamación.

En su resolución, Gayles determinó que Maduro cometió actos de terrorismo internacional y que el secuestro, la tortura y la detención arbitraria de los tres estadounidenses violaron tanto la legislación federal como las leyes del estado de Florida. Asimismo, sostuvo que el líder venezolano "históricamente ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para canjearlos por la liberación de criminales venezolanos recluidos en Estados Unidos".

El juez también consideró que los acusados actuaron como parte de una empresa criminal organizada que utilizó el secuestro de ciudadanos estadounidenses como herramienta de presión política para lograr la liberación de aliados del chavismo detenidos en territorio estadounidense.

Durante el proceso, los demandantes denunciaron haber sufrido descargas eléctricas, golpizas, aislamiento prolongado, posturas de estrés y otras formas de tortura física y psicológica, cuyas secuelas emocionales persisten y afectan tanto a ellos como a sus familias.

La demanda inicial fue presentada por diez personas, incluidos familiares de las víctimas y dos menores de edad. Aunque figuras como Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, PDVSA y CVP fueron parte de los demandados originales, no fueron incluidas en esta sentencia, ya que comparecieron mediante abogados y plantearon objeciones, manteniendo abierto el litigio respecto a ellos.

Aunque la sentencia fija una indemnización de 314 millones de dólares, el pago no es automático. El caso ingresa ahora en la fase de ejecución, durante la cual los demandantes deberán localizar y embargar bienes de los condenados en Estados Unidos o en jurisdicciones que reconozcan este tipo de fallos.

Especialistas advierten que el cobro podría prolongarse durante años debido a la dificultad para identificar activos y la posible aplicación de normas de inmunidad soberana o la existencia de litigios paralelos que protejan ciertos patrimonios.

Los condenados aún pueden solicitar anular la sentencia en rebeldía alegando defectos en la notificación. Si esa petición es rechazada, podrían apelar ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, aunque sus opciones son limitadas por no haber participado oportunamente en el proceso.

Este litigio es exclusivamente de naturaleza civil y no implica penas de prisión. Se basa en la Ley Antiterrorista de EE.UU., la Ley Antiterrorista de Florida y la Ley RICO, que permiten reclamar indemnizaciones por actos de terrorismo y delincuencia organizada. El caso es independiente del proceso penal que Maduro enfrenta en Nueva York por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.