Juez de EE.UU. ordena a Maduro y chavistas pagar US$314 millones por secuestro y terrorismo

Un juez federal de Estados Unidos ha condenado al gobierno venezolano a pagar una indemnización de 314 millones de dólares por presuntos actos de secuestro, tortura y terrorismo internacional contra ciudadanos estadounidenses. La sentencia, emitida por el juez Darrin P. Gayles del Distrito Sur de Florida, responsabiliza directamente al presidente venezolano Nicolás Maduro, así como a varios altos funcionarios del chavismo, por violar leyes federales y estatales de Estados Unidos.

El fallo establece que Maduro utilizó el secuestro de ciudadanos estadounidenses como herramienta de presión política, específicamente para negociar la liberación de venezolanos encarcelados en EE.UU., incluyendo al empresario Alex Saab. Según el juez, estas acciones constituyen terrorismo internacional bajo la Ley Federal Antiterrorismo (ATA), la Ley Antiterrorismo de Florida y la Ley RICO, que sanciona a organizaciones corruptas influenciadas por el crimen organizado.

Además de Maduro, el tribunal responsabilizó a otros funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos Diosdado Cabello, ministro del Interior; Vladimir Padrino, ministro de Defensa; y Néstor Luis Reverol, exministro de Interior y Justicia. También fueron incluidos en la condena el empresario Alex Saab, detenido en Miami por lavado de dinero, y el ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno Pérez, así como Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela.

El juez excluió de la responsabilidad económica a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y las empresas estatales PDVSA y CVP, argumentando que no hubo suficiente evidencia para vincularlas directamente con los actos denunciados.

Los demandantes, un grupo de más de una decena de ciudadanos estadounidenses, incluyen a Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes fueron detenidos en Venezuela y posteriormente liberados en un intercambio de prisioneros en 2023 durante la administración del presidente Joe Biden. Entre ellos también hay dos menores de edad que, según la demanda, fueron víctimas de detención arbitraria y tortura.

La demanda fue inicialmente presentada en agosto de 2025 y reactivada en enero de 2026 tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero. El exmandatario fue trasladado a Nueva York, donde permanece detenido y enfrenta cargos penales por narcoterrorismo, un proceso paralelo al caso civil ahora resuelto.

El juez concluyó que los actos de secuestro y tortura contra los demandantes violaron tanto las leyes penales de Estados Unidos como las de Florida, y que Maduro actuó con el objetivo de intimidar o coaccionar a la población civil estadounidense. Asimismo, señaló que el exgobernante venezolano participó en actividades de narcoterrorismo, vinculando el tráfico de drogas con fines de terrorismo.

Alex Saab, señalado por autoridades estadounidenses como testaferro de Maduro, enfrenta actualmente un proceso separado en Miami por cargos de lavado de dinero, con una audiencia preliminar programada para la próxima semana. Su detención fue clave para la reactivación de la demanda civil contra el régimen chavista.